El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Función Pública
El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Función Pública para modernizar la Administración y reformar el sistema de empleo público
El pasado 20 de diciembre, el Consejo de Ministros, daba luz verde al anteproyecto de Ley de Función Pública. No ha pasado desapercibida la polémica y el malestar de este anteproyecto de Ley por parte de funcionarios y sindicatos.
En concreto el apartado más conflictivo es el Título V donde se recoge que, de resultar positivo el control, se accederá no solo a la percepción de complemento de desempeño sino que es requisito para la continuidad en el puesto de trabajo y, por tanto, para la progresión en la carrera profesional del empleado público.
En definitiva, lo que quiere el Gobierno con este anteproyecto de Ley es implantar un modelo de Recursos Humanos público basado en competencias y favorecer la atracción y retención de talento para mejorar la Administración Pública.
Por otra parte, el anteproyecto de Ley, recoge un apartado dedicado a las pruebas y la territorialidad donde apuesta por un renovado modelo de acceso a la Administración.
Polémica en el Artículo 57
Si bien todo el anteproyecto de Ley ha traído polémica y malestar por parte de funcionarios y sindicatos, el artículo 57, es el más conflictivo por lo que de fondo conlleva.
En este artículo se recoge “remoción en los puestos de trabajo obtenidos por concurso” . Esto significa que, el trabajo de los funcionarios estará vinculado a los resultados de la evaluación de su desempeño.
Con esta medida se podrá mover al funcionario a otro puesto de trabajo, siempre dentro de su localidad y de sus funciones. También recoge que esta evaluación de competencias no se podrá realizar antes de los seis meses de la toma de posesión de su plaza.
¿Qué opinan los sindicatos?
Por el momento, CCOO y UGT han rechazado esta medida porque consideran que «no se puede disponer» de una norma así cuando no se ha «articulado cómo va a realizarse esa evaluación» y «sin tener la garantía real de que esa evaluación es garantista y transparente».
Asimismo, calificaron esta novedad de «gravísima» e incluso «inaceptable» porque «se plantea esta evaluación como algo irrefutable» y «la persona no tiene defensa en vía administrativa contra una evaluación negativa de la superioridad».
A estas críticas también se ha sumado CSIF, que rechazó “de entrada” que el Gobierno “pretenda de manera unilateral que los funcionarios puedan ser apartados de su puesto de trabajo» y exigió al Gobierno establecer con los sindicatos “los criterios” que se tendrán en cuenta para llevar a cabo las evaluaciones de desempeño.
Para los sindicatos, el anteproyecto «no cumple con las expectativas» iniciales y es «manifiestamente mejorable», por lo que esperan solucionar las fallas del documento y profundizar en los derechos «esenciales» de los trabajadores públicos en la siguiente ronda de negociaciones.
¿En qué puede afectar a los opositores?
En un principio la intención del Gobierno, en el anteproyecto de Ley, es priorizar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.
Se optará por el modelo mixto que estará basado en los conocimientos para superar el acceso y en la evaluación de competencias profesionales.
Otros de los cambios significativos que introduce la ley es la celebración de exámenes en todo el territorio nacional para poder facilitar el acceso y garantizar la diversidad social en el empleo público.
Todas estas medidas recogidas en el anteproyecto de Ley no afectarían sustancialmente a los nuevos opositores en las próximas convocatorias a la Administración Pública.
Seguiremos atentos a cualquier avance significativo del proyecto de Ley que pueda seguir afectando a nuestros cazadores. Estad atentos a nuestra web ¡Unga Bunga!