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Gestión Procesal

El Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa tiene como función general colaborar y realizar tareas en la actividad procesal de nivel superior.

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Listas provisionales
Listas definitivas
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Lista de aprobados

Convocatoria de acceso libre para el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.Orden JUS/764/2019, de 10 de julio,

Plazas en última convocatoria

Ámbito territorial

Sistema general

Reserva personas

con discapacidad

Andalucía.

164

12

Aragón.

11

1

Asturias.

6

0

Canarias.

106

8

Cantabria.

7

0

Cataluña.

403

30

Comunidad Valenciana.

99

9

La Rioja.

3

0

Madrid.

191

15

Navarra.

16

1

País Vasco.

44

3

Ministerio de Justicia.

324

23

 Total.

1374

102

Tema 1.  La Constitución española de 1978: Estructura y contenido. Las atribuciones de la Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. La elaboración de las leyes. El Tribunal Constitucional. Composición y funciones.

Tema 2.  Derecho de igualdad y no discriminación por razón de género: especial referencia a la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Antecedentes. Objeto y principios rectores. Medidas de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género. Tutela institucional.

Tema 3.  El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Organización administrativa española: Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores Generales. La Administración periférica del Estado. Los Delegados de Gobierno en la Comunidad Autónoma y los Subdelegados de Gobierno.

Tema 4.  Organización territorial del Estado en la Constitución. El Estado de las Autonomías. Las Comunidades Autónomas: Su constitución y competencias. Los Estatutos de Autonomía. La Administración Local. La provincia y el municipio.

Tema 5.  La Unión Europea. Competencias de la UE. Instituciones y órganos de la Unión Europea: El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas.

Tema 6.  El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: composición y funciones. La jurisdicción: Jueces y Magistrados: Funciones y competencias. La independencia judicial. El Ministerio Fiscal: Organización y funciones. Sistemas de acceso a las carreras judicial y fiscal.

Tema 7.  Examen de la organización y competencia del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores y de las Audiencias Provinciales.

Tema 8.  Examen de la organización y competencia: Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Juzgados de lo Penal. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Juzgados de lo Social. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Juzgados de Menores. Juzgados Mercantiles, y el Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante, Juzgados de Violencia sobre la mujer, Juzgados de Paz.

Tema 9.  La Justicia de Paz. Organización y competencias, elección del Juez, la figura del Secretario del Juzgado de Paz. La justicia de paz en el ámbito de la cooperación jurisdiccional y en los procesos civiles y penales atribuidos a dichos Juzgados. Sistema de recursos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz. Las Agrupaciones de las Secretarias de los Juzgados de Paz.

Tema 10.  La carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Derechos de información, de atención y gestión, de identificación de actuaciones y funcionarios, derechos lingüísticos. Derechos frente a los profesionales que asisten y representan al ciudadano: Abogados, Procuradores, Graduados Sociales. El Derecho a la Justicia Gratuita en la Carta de Derechos. El plan de Transparencia Judicial.

Tema 11.  La modernización de la oficina judicial. La nueva oficina judicial. Su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La administración de justicia y las nuevas tecnologías. Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia. El expediente digital y la presentación telemática de escritos y documentos. La firma digital, el correo electrónico. Incidencia de la legislación de protección de datos en el uso de las aplicaciones informáticas.

Tema 12.  El Letrado de la Administración de Justicia en la Ley Orgánica del Poder Judicial: funciones y competencias. Ordenación del cuerpo superior jurídico de Letrados de la Administración de Justicia: Secretario de Gobierno y Secretarios Coordinadores.

Tema 13.  Cuerpos de Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Cuerpos Generales y Cuerpos Especiales: Definición y Cuerpos que los integran. Cuerpos Especiales: El Cuerpo de Médicos Forenses: Funciones.

Tema 14.  Los Cuerpos Generales (I): Funciones. Formas de acceso. Promoción interna. Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. La rehabilitación. Derechos, deberes e incompatibilidades. Jornada y horarios. Vacaciones, permisos y licencias.

Tema 15.  Los Cuerpos Generales (II): Situaciones administrativas. Ordenación de la actividad profesional. Provisión de puestos de trabajo. Régimen disciplinario.

Tema 16.  Libertad sindical: El Sindicato en la Constitución Española. Elecciones sindicales según la Ley de órganos de representación y el Estatuto Básico del Empleado Público. El derecho de huelga. Salud y prevención de riesgos laborales.

Tema 17.  Cuestiones generales sobre el proceso civil: Las partes en el proceso civil: Capacidad procesal y capacidad para ser parte. Pluralidad de partes. Litisconsorcio activo y pasivo, su tratamiento procesal.

Tema 18.  La representación y sus clases. Legitimación en el proceso civil. Asistencia letrada y representación procesal, estatuto jurídico, derechos y deberes. Intervención no preceptiva de estos profesionales. La intervención en los procesos civiles del Ministerio Fiscal y del Abogado del Estado.

Tema 19. Jurisdicción y competencia. Acumulación de acciones y de procedimientos, concepto. La tramitación de las cuestiones de jurisdicción y competencia. La competencia de los Tribunales Civiles: Objetiva, funcional y territorial, los fueros legales disponibles e indisponibles. Concepto y tramitación.

Tema 20. Los actos procesales. Requisitos de los actos procesales: a) lugar; b) tiempo: Términos y plazos: Cómputo de los plazos; c) forma (consideración de la lengua oficial). Defectos de los actos: Nulidad, anulabilidad, irregularidad; subsanación de defectos.

Tema 21.  Las resoluciones de los órganos judiciales. Clases de resoluciones judiciales: Contenido y características. Las resoluciones de los órganos judiciales colegiados. Las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia.

Tema 22.  Los actos de comunicación con otros Tribunales y Autoridades: Oficios y mandamientos. El auxilio judicial: los exhortos y los mandamientos en el proceso penal. Cooperación jurídica internacional: las comisiones rogatorias.

Tema 23.  Actos de comunicación a las partes y otros intervinientes en el proceso: Notificaciones, requerimientos, citaciones y emplazamientos. Notificaciones, citaciones y mandamientos en el proceso penal. Formas de notificación y nuevas tecnologías.

Tema 24.  Conceptos de archivo judicial y de documentación judicial en relación con la legislación vigente en materia de archivos judiciales. Formas de remisión de documentación judicial y relaciones documentales. Nuevas tecnologías en los archivos judiciales de gestión. Las juntas de expurgo de la documentación judicial.

Tema 25.  Los procedimientos declarativos en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000: Diligencias preparatorias, diligencias preliminares. Conciliación. Averiguación de hechos, aseguramiento y práctica anticipada de la prueba.

Tema 26.  Juicio ordinario. Procesos que se sustancian por los trámites del juicio declarativo ordinario. La demanda y su objeto, documentos que deben acompañarla. La contestación a la demanda y otras actitudes del demandado: la rebeldía. Problemas derivados de la ampliación de la demanda y la reconvención. Audiencia previa. Vista de juicio. Diligencias finales. Terminación del procedimiento por medio de sentencia, auto o decreto, aspectos formales de estas resoluciones. Allanamiento, desistimiento, transacción, satisfacción extraprocesal.

Tema 27.  El juicio verbal. Procesos que se sustancian por el trámite del juicio verbal. Clases de demandas. Admisión y traslado de la demanda y citación para la vista. Inasistencia de las partes a la vista. Desarrollo de la vista. Recursos frente a las resoluciones interlocutorias. Juicios verbales de carácter plenario y sumario. El verbal de desahucio. El precario. El juicio sobre tutela posesoria. La tutela de derechos reales inscritos. El juicio de alimentos. La rectificación de hechos. El juicio verbal en materias de compraventas a plazos y arrendamientos financieros.

Tema 28.  Procesos especiales: Procedimientos para la división judicial de patrimonios: A) De la división de la herencia. B) Procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial.

Tema 29.  Procesos especiales: El proceso monitorio. Concepto y características. Casos en que procede. Competencia. Procedimiento: petición inicial y documentos. Admisión. Requerimiento de pago y posibles conductas del demandado. La transformación del procedimiento. La cosa juzgada. El proceso monitorio europeo. El juicio cambiario. Concepto y características. Naturaleza. Casos en que procede. Competencia. Procedimiento. La sentencia sobre la oposición y su eficacia.

Tema 30.  Los procesos matrimoniales y sus clases. Competencia. Procedimientos: a) nulidad, separación y divorcio contenciosos; b) separación o divorcio de mutuo acuerdo. Referencia a las crisis de las uniones estables de pareja. Medidas Provisionales. Medidas definitivas. Ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre medidas. Los procesos especiales: Características comunes. El proceso especial para la incapacitación de las personas: Competencia; legitimación; personación del demandado; especialidades procedimentales; la Sentencia. La reintegración de la capacidad y la modificación del alcance de la sentencia de incapacidad.

Tema 31.  Procedimientos de jurisdicción voluntaria: la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Disposiciones generales y normas comunes en materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas. Expedientes en materia de familia. Expedientes relativos al Derecho sucesorio. Expedientes relativos al Derecho de obligaciones. Expedientes relativos a los derechos reales. Expedientes de subastas voluntarias. Expedientes en materia mercantil. La conciliación.

Tema 32.  Los recursos. Concepto. Clases de recursos. Efectos de los recursos y de su desistimiento. El depósito para recurrir. Los recursos de reposición y de revisión. El recurso de queja. El recurso de apelación. Apelación y segunda instancia; el derecho a la segunda instancia. Resoluciones contra las que procede apelación. Sustanciación del recurso. Oposición a la apelación e impugnación de la sentencia. La prueba en la apelación.

Tema 33.  Los recursos extraordinarios. El recurso por infracción procesal. Resoluciones recurribles. Motivos del recurso. Procedimiento. Consecuencias de la estimación del recurso. El recurso de casación. Características. Resoluciones recurribles. Motivos de recurso. Objeto y efectos del recurso. Competencia. Procedimiento. El recurso en interés de la Ley. Resoluciones recurribles. Motivos del recurso. Legitimación. Competencia. Procedimiento. Efectos. Medios de rescisión de las sentencias firmes. La audiencia al demandado rebelde. La revisión de las sentencias firmes.

Tema 34.  La ejecución forzosa. El papel del Letrado de la Administración de Justicia en la ejecución. El título ejecutivo y sus clases: Judiciales y no judiciales; españoles y extranjeros. Ejecución de resoluciones extranjeras. Breve referencia al Título Ejecutivo Europeo. La demanda ejecutiva. Tribunal competente. Orden general de ejecución y despacho de la ejecución. Acumulación de ejecuciones. Oposición a la ejecución. Suspensión de la ejecución. Ejecución provisional. Concepto y naturaleza. Presupuestos. Despacho de la ejecución. Oposición a la ejecución provisional. Revocación o confirmación de la sentencia provisionalmente ejecutada.

Tema 35.  Ejecución dineraria. Supuestos en que procede. Integración del título. Requerimiento de pago. Embargo de bienes. Reembargo. Tercería de dominio.

Tema 36.  El procedimiento de apremio. Valoración de los bienes embargados. La subasta de los bienes trabados. Alternativas a la subasta judicial: El convenio de realización y la realización por persona o entidad especializada. La administración para pago. Tercería de mejor derecho. Especialidades de la ejecución sobre bienes hipotecados, pignorados o con garantía real.

Tema 37.  Ejecuciones no dinerarias. Ejecuciones de dar, de hacer y de no hacer. Determinación de frutos y rentas. Liquidación de daños y perjuicios. Ejecución de sentencias que llevan aparejada la entrega de la posesión de un inmueble, especial referencia a las sentencias de ejecución de desahucios.

Tema 38.  Las medidas cautelares: Concepto. Tipos de medidas cautelares. Tramitación con audiencia y sin audiencia al demandado. Oposición a las medidas cautelares. Ejecución de las medidas cautelares. Caución y caución sustitutoria.

Tema 39.  Costas y gastos procesales. La condena en costas. La tasación de costas. La impugnación de las costas. Los intereses y su liquidación. La tasa judicial. Pagos, depósitos y consignaciones judiciales. Ingresos en el Tesoro Público. La Asistencia Jurídica Gratuita.

Tema 40.  El Registro Civil: Legislación vigente. La función registral. Contenido del Registro Civil: Hechos inscribibles. La organización del Servicio Registral. Los Registros Ordinarios y los Registros Delegados. El Registro Civil Central. Competencia de los Registros Civiles.

Tema 41.  Diferentes tipos de asientos registrales. Las inscripciones. Las anotaciones. Las notas marginales. Los asientos de cancelación. Reglas formales para la práctica de los asientos. La inscripción de nacimiento. El matrimonio y su inscripción. La inscripción de defunción. La tutela y demás representaciones legales.

Tema 42.  La rectificación del registro por vía de expedientes gubernativo o judicial. Los expedientes registrales: Naturaleza jurídica y competencia. Principios rectores y normas generales del procedimiento. Régimen de los recursos y de la ejecución. La publicidad del Registro Civil: Publicidad material y formal. Eficacia probatoria de los asientos registrales. Impugnación de la presunción de exactitud registral. La publicidad formal: certificaciones, libros de familia y notas informativas.

Tema 43.  El sistema procesal penal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Principio del juez imparcial, separación de instrucción y enjuiciamiento. Principios del proceso penal. Competencia objetiva y funcional. Aforamientos y privilegios procesales. Inmunidad de jurisdicción. La competencia territorial. La inhibición de oficio y a instancia de parte; cuestiones de competencia territorial.

Tema 44.  Las partes en el proceso penal: Ministerio Fiscal; acusador particular; perjudicado y acción popular; acusador privado. El ejercicio de la acción penal: de oficio o a instancia de parte. Denuncia; querella; atestado. Extinción de la acción penal: especial referencia a la renuncia. El ejercicio de la acción civil: el actor civil. El ofrecimiento de acciones. Extinción de la acción civil. El investigado o encausado. La rebeldía. El responsable civil. Representación y defensa de las partes. Defensa de oficio y beneficio de justicia gratuita.

Tema 45.  El Sumario: Incoación del proceso. Las actuaciones de la Policía Judicial. Comprobación del delito: Cuerpo del delito. Identificación del presunto delincuente. La inspección ocular. Declaraciones testificales. Prueba pericial y su valor. Prueba documental. Piezas de convicción.

Tema 46.  Las medidas cautelares personales en el proceso penal. La citación judicial. La detención. La prisión provisional. La libertad provisional. Las fianzas en el proceso penal. Medidas limitadoras de derechos fundamentales: Pruebas biológicas; entrada y registro en lugar cerrado; intervención de comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas e informáticas. Especial mención a las entregas controladas y a la figura del agente encubierto.

Tema 47.  El denominado período intermedio; auto de conclusión del sumario; eventual revocación del auto y nuevas diligencias y resoluciones. El sobreseimiento y sus clases. El auto de apertura del juicio oral. Los artículos de previo pronunciamiento. Las calificaciones provisionales de las partes. Conformidad del acusado.

Tema 48.  La prueba en el proceso penal. Medios de prueba. Proposición, admisión o denegación; prueba anticipada; proposición en el acto del juicio; prueba acordada «ex officio». El juicio oral. La suspensión del juicio oral: causas y consecuencias.

Tema 49.  El procedimiento abreviado: Información de derechos, prueba anticipada. Conclusión de la fase instructora, la conformidad por reconocimiento de hechos. La fase de juicio oral: Admisión de pruebas, señalamiento del juicio e información a la víctima. Celebración del juicio oral, especialidades. La sentencia; especialidades: a) sentencia oral; b) conformidad de las partes sobre la firmeza inicial de la sentencia; c) principio acusatorio, d) notificación. Los recursos contra las resoluciones procesales en el ámbito del procedimiento abreviado: a) Los recursos contra las resoluciones judiciales b) Los recursos contra las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia. Ejecución de sentencias.

Tema 50.  Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos: Ámbito de aplicación. Actuaciones de la Policía Judicial. Diligencias urgentes ante el Juzgado de guardia; instrucción y conclusión. Preparación y desarrollo del juicio oral. Sentencia.

Tema 51.  El proceso ante el Tribunal del Jurado. Competencia. Composición y constitución del Jurado: Estatuto jurídico de los jurados; su selección. La fase de instrucción y la fase intermedia. La fase de juicio oral: trámites precedentes: Designación del Magistrado-Ponente; cuestiones previas; auto de hechos justiciables; celebración del juicio oral: La vista; suspensión del juicio oral. Posible disolución del Jurado: sus causas. El veredicto: Determinación del objeto del veredicto, deliberación y veredicto; instrucción a los jurados; deliberación y votación; acta. Sentencia.

Tema 52.  La tutela judicial ante los Juzgados de violencia sobre la mujer. Especialidades procesales. Pérdida de la competencia objetiva de los juzgados civiles cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas.

Tema 53.  El procedimiento de Responsabilidad Penal del Menor. Principios reguladores. Las fases del procedimiento. Sentencia y régimen de recursos. Principios generales en la ejecución de las medidas.

Tema 54.  Tramitación del juicio sobre delitos leves. Convocatoria de la vista de juicio sobre delitos leves. Sistema de recursos a las sentencias dictadas en juicios sobre delitos leves. La ejecución de la sentencia de delitos leves: Aspectos penales y civiles.

Tema 55.  Régimen general de recursos en el proceso penal. Los recursos no devolutivos: Reforma y súplica. Recursos devolutivos: La apelación en el proceso ordinario y en el procedimiento abreviado; El recurso de queja contra la inadmisión de otro recurso y como sustitutivo de la apelación. El recurso de casación penal. La revisión penal. El recurso de rescisión de la sentencia dictada contra reos ausentes. Los recursos contra las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia.

Tema 56.  La ejecución de sentencias penales. Los Juzgados y Tribunales sentenciadores; Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Administración Penitenciaria: Sus respectivas funciones. Recursos contra las resoluciones de la Administración Penitenciaria y de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Tasación de costas. La ejecución civil en el proceso penal.

Tema 57.  Breve referencia del recurso contencioso-administrativo. Organización de la jurisdicción contenciosa-administrativa.

Tema 58.  Recurso contencioso-administrativo: Capacidad procesal, legitimación, representación y defensa. Actos impugnables.

Tema 59.  Recurso contencioso-administrativo: Diligencias preliminares. Interposición del recurso y reclamación del expediente. Emplazamiento de los demandados y admisión del recurso.

Tema 60.  Recurso contencioso-administrativo: Demanda y contestación. Alegaciones previas. Prueba. Vista y conclusiones. Sentencias. Otros medios de terminación del procedimiento.

Tema 61.  El procedimiento abreviado en el ámbito contencioso-administrativo.

Tema 62.  Los recursos en el proceso contencioso administrativo. Los recursos contra las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia.

Tema 63.  Procedimientos especiales: Procedimientos para la protección de los derechos fundamentales de las personas. Cuestión de ilegalidad. Procedimientos en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos.

Tema 64.  Disposiciones comunes a los procedimientos contencioso-administrativos: Plazos. Medidas cautelares. Incidentes e invalidez de actos procesales. costas procesales. Ejecución de sentencias.

Tema 65. El proceso laboral: Principios que lo informan. Competencia objetiva y territorial. Cuestiones de competencia. Representación y defensa en el procedimiento laboral. Fondo de Garantía Salarial. Justicia gratuita.

Tema 66.  La evitación del proceso: Conciliación previa y reclamación administrativa previa. El proceso ordinario: Demanda, conciliación y juicio. Recursos: de suplicación y de casación para la unificación de doctrina; disposiciones comunes a ambos recursos.

Tema 67.  Procesos especiales: Despidos, Seguridad Social, Conflictos Colectivos, Impugnación de los convenios colectivos. Tutela de derechos fundamentales.

Tema 68.  El Concurso de acreedores. Concepto de concurso sus clases, la competencia objetiva y territorial. El administrador concursal. Aspectos procesales: Procedimiento ordinario y procedimiento abreviado; las secciones del concurso; el incidente concursal. Los recursos.

Fase de oposición

La fase de oposición contará con tres ejercicios; obligatorios y de carácter eliminatorio.

 Primer ejercicio

Cuestionario tipo test de 100 preguntas con cuatro opciones de respuesta de las cuales sólo una es la correcta. (Todas las preguntas se basan en contenidos teóricos del programa).
Tendrá una duración de 90 minutos.
Se calificará de 0 a 60 puntos.

Las preguntas acertadas sumarán 0,60 puntos, las preguntas falladas y las respuestas múltiples restarán 0,15 puntos, mientras que las preguntas no contestadas no serán puntuadas.
 Segundo ejercicio

Cuestionario tipo test de 20 preguntas con cuatro opciones de respuesta de las cuales sólo una es la correcta. (Todas las preguntas se basarán en un caso práctico que planteará el Tribunal).
Tendrá una duración de 60 minutos.
Se calificará de 0 a 15 puntos.

Las preguntas acertadas sumarán 0,75 puntos, las preguntas falladas y las respuestas múltiples restarán 0,15 puntos, mientras que las preguntas no contestadas no serán puntuadas.
Para superar la prueba es necesario obtener como mínimo 9 puntos.

 Tercer ejercicio

Prueba teórica en la que se presentan 10 preguntas sobre distintos temas del Programa, se deben contestar de forma escrita con letra legible y sin la ayuda de ningún texto, con un máximo de una página para responder cada pregunta.
La prueba durará 90 minutos.
El encargado de la lectura del ejercicio será el Tribunal y la puntuación será de 0 a 25 puntos. Cada pregunta se puntuará como máximo con 2,5 puntos. Para superar la prueba es necesario obtener como mínimo 12,5 puntos.

Será requisito fundamental haber superado la fase de oposición para poder acceder a la fase de concurso. En la fase de concurso valorarán los siguientes méritos:

A. Títulos y grados académicos, que formen parte del sistema educativo español:

· 12 puntos por estar en posesión de la Licenciatura o Grado en Derecho
· 10 puntos por estar en posesión del Grado en Derecho
· 8 puntos por estar en posesión de otra Licenciatura en Ciencias del Trabajo, Ciencias Políticas y de la Administración, o Criminología.
· 6 puntos por estar en posesión de otros Grados en Ciencias del trabajo, Jurçidicas, de Administraciones Públoicas, Ciencias Políticas, Relaciones Laborales o Criminología.

La puntuación máxima de este apartado será 12 puntos.

Además, se tendrán en cuenta todas las titulaciones adicionales con la siguiente baremación:

– 4 puntos por haber realizado tres cursos completos de la licenciatura o grado en Derecho.
– 3 puntos por otras licenciaturas o grados.
– 2 puntos por otras diplomaturas, arquitectura técnica o ingeniería técnica.

Historial profesional.

B.1 Cursos de formación, realizados en los últimos diez años. Se puntuará de la siguiente manera:

– Entre 11 y 29 h: 1 puntos.
– Entre 30 y 59 h: 1,5 puntos.
– Entre 60 y 119 h: 2 puntos.
– Entre 120 o más h: 2,5 puntos.

Importante: no se valorarán los cursos en los que no conste el número de horas o los cursos de 10 o menos horas lectivas. Al igual que diplomas o cursos propios de la enseñanza del sistema educativo, entre otros.

La puntuación máxima de este apartado será de 7,5 puntos

B.2 Cursos de formación en informática, realizados en los últimos diez años. Puntuarán los cursos de la siguiente forma:

– Entre 11 y 29 h: 1 puntos.
– Entre 30 y 59 h: 1,5 puntos.
– Entre 60 y 119 h: 2 puntos.
– Entre 120 o más h: 2,5 puntos.

Importante: todos aquellos cursos de igual o similar contenido sólo se valorarán una única vez. Tampoco serán contabilizados aquellos cursos en los que no conste el número de horas realizadas o con 10 o menos horas lectivas.

La puntuación máxima en el apartado B será de 7,5 puntos:

Máximo 5 puntos en el apartado B-1.
Máximo 2,5 puntos en el apartado B-2.

De forma excepcional, el Tribunal Calificador Único podrá valorar otros cursos no incluidos en los apartados B-1 y B-2.

font color="#35C5B8"> C. Por haber realizado alguno de los ejercicios de las convocatorias de los años 2015 y 2016 de cualquiera de los Cuerpos de la Administración de Justicia, y habiendo obtenido una puntuación superior al 50%. La puntuación máxima en este apartado será de 14 puntos.

D. Por realizar trabajos como titular, sustituto o interino en Cuerpos de la Administración de Justicia o como personal laboral de esta Administración. La puntuación máxima en este apartado será de 33,5 puntos, pero sólo se tendrán en cuenta los meses trabajados completos..

Para poder participar en el proceso selectivo se deben cumplir los siguientes requisitos:

1.1 Nacionalidad: Tener la nacionalidad española.

1.2 Edad: Tener dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.

1.3 Titulación: Estar en posesión del título de Grado, Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente.

El Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa tiene como función general colaborar y realizar tareas en la actividad procesal de nivel superior.

Por otro lado, también le corresponden las siguiente funciones más concretas al puesto:

a) Gestionar la tramitación de los procedimientos.
b Practicar y firmar las comparecencias.
c) Documentar los embargos, lanzamientos y demás actos.
d) Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que no constituyan prueba en el mismo.
e) Tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos.
f) Expedir copias simples de escritos y documentos.
g) Ocupar jefaturas de apoyo directo y servicios comunes procesales.
h) Colaborar con los órganos competentes en materia de gestión administrativa.
i) Desempeñar la Secretaría de la Oficina judicial de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz.
j) Realizar funciones para el orden a la protección y apoyo a las víctimas.
k) Realizar todas las funciones sean encomendadas por los superiores jerárquicos.

Si se cumplen los requisitos necesarios, los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa podrán ser nombrados como Letrados de la Administración de Justicia sustitutos.

La nota mínima para superar el primer ejercicio será equivalente al resultado de diez aspirantes por plaza, que tengan como nota al menos el 60% de la puntuación posible.

Todos aquellos aspirantes que no lleguen a la puntuación del corte serán eliminados y por lo tanto no se tendrá en cuenta el ejercicio 2.

En el segundo ejercicio será necesario tener al menos el 60% de la puntuación posible.

Y en el tercer ejercicio será necesario llegar al 50% de la misma.

El salario bruto mensual, sin contar trienios y pagas extras, puede oscilar entre 1.800 y 2.900 euros dependiendo de variables como:

- Órgano de destino
- Ámbito territorial
- Guardias
- Otros complementos o prolongaciones de jornada

Si tienes más dudas sobre tu oposición, ponte en contacto con nosotros.

¿Qué tipo de preguntas tenemos?

A. 27 de diciembre de 1978
B. 6 de diciembre de 1978
C. 31 de octubre de 1978
D. 27 de octubre de 1977
A. 2 de diciembre de 1978
B. 6 de diciembre de 1978
C. 31 de octubre de 1978
D. 29 de diciembre de 1978
A. 27 de diciembre de 1978
B. 6 de diciembre de 1978
C. 31 de octubre de 1978
D. 29 de diciembre de 1978
A. 27 de diciembre de 1978
B. 6 de diciembre de 1978
C. 31 de octubre de 1978
D. 29 de diciembre de 1978
A. La Constitución fue sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978
B. La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978
C. La Constitución fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 1978
D. No hay ninguna respuesta incorrecta
A. No
B. Si, pero sólo en el caso en que sea muy grave y afecte a varios trabajadores
C. Sí, si es grave y aunque sólo afecta a un trabajador de la empresa o centro de trabajo.
D. Sí, pero sólo en el caso de que sea grave y no se haya restablecido la situación de igualdad y reparado los daños económicos causados, tras el requerimiento o sanción administrativa
A. Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo
B. Ley 8/2007 de 15 de marzo
C. Ley 3/2004 de 24 de abril
D. Ley Orgánica 7/2004 de 5 de enero
A. A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia
B. A toda persona física que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia
C. A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, siempre que se trate de una persona domiciliada o con residencia en la Unión Europea
D. A toda persona física que se encuentre o actúe en territorio español, siempre que se trate de una persona domiciliada o con residencia en la Unión Europea
A. La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil
B. La ausencia de toda discriminación directa por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil
C. La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de las obligaciones laborales
D. La ausencia de toda discriminación directa por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de las obligaciones laborales
A. El acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia
B. La formación profesional
C. La afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales
D. Todas son correctas
A. El Titulo II
B. El Titulo III
C. El Titulo IV
D. El Titulo VII
A. El Titulo V
B. El Titulo III
C. El Titulo IV
D. El Titulo VII
A. Ejercer la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes
B. Conferir los empleos civiles
C. Dirigir la Administración civil y militar
D. Dirigir la política exterior
A. Dirigir la política interior
B. Dirigir la política exterior
C. Dirigir la Administración civil
D. Todas ellas lo son
A. Dirigir la Administración militar
B. Dirigir la defensa del Estado
C. Representar al pueblo español
D. Todas ellas lo son
A. El Titulo VII
B. El Titulo VIII
C. El Titulo IV
D. El Titulo VI
A. Real Decreto Legislativo
B. Ley Orgánica
C. Ley de bases
D. Ninguna es correcta
A. Municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando todas estas entidades de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses
B. Municipios, en partidos judiciales, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando todas estas entidades de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses
C. Municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando únicamente las Comunidades Autónomas de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses
D. Municipios, en partidos judiciales, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando únicamente las Comunidades Autónomas de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses
A. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales
B. El Estado vela por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular
C. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado
D. No hay ninguna respuesta incorrecta
A. El Rey
B. El Presidente del Gobierno
C. El Estado
D. Las Comunidades Autónomas
A. República Checa
B. Grecia
C. Serbia
D. Alemania
A. Polonia
B. Dinamarca
C. Croacia
D. Rusia
A. El 1 de julio de 1986, igual que Portugal
B. El 1 de enero de 1999.
C. El 1 de enero de 1991, igual que Grecia
D. EI 1 de enero de 1986
A. El 1 de enero de 1958
B. El 1 de julio de 1987
C. El 1 de noviembre de 1993
D. El 2 de octubre de 1997
A. El 1 de noviembre de 1993
B. El 1 de mayo de 1999
C. El 26 de febrero de 2001
D. El 28 de febrero de 1986
A. El Rey
B. El pueblo español
C. El Consejo General del Poder Judicial
D. El Presidente del Gobierno
A. Independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley
B. Dependientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley
C. Independientes, inamovibles, responsables y sometidos a las directrices del Consejo General del Poder Judicial
D. Dependientes, inamovibles, responsables y sometidos a las directrices del Consejo General del Poder Judicial
A. La necesaria publicidad de las actuaciones judiciales
B. El obligado cumplimiento de las resoluciones judiciales
C. El principio de unidad jurisdiccional
D. La inamovilidad, dependencia jerárquica y sometimiento al imperio de la ley de Jueces y Magistrados
A. Están prohibidos
B. Serán regulados por ley
C. Serán regulados por ley orgánica
D. Sólo caben en el ámbito penal
A. Al Tribunal Constitucional
B. Al Tribunal Supremo
C. Al Ministerio Fiscal
D. A los poderes públicos
A. Ley
B. Ley orgánica
C. Reglamento
D. Ninguna es correcta
A. Cada cinco años, previo informe del Consejo General del Poder Judicial
B. Cada cuatro años, previo informe del Consejo General del Poder Judicial
C. Cada cinco años, previo informe del Gobierno
D. Cada cuatro años, previo informe del Gobierno
A. En las Salas de los Tribunales en las que existan dos o más Secciones, se designarán por numeración cardinal
B. En las poblaciones en que existan dos o más Juzgados del mismo orden jurisdiccional y de la misma clase, se designarán por numeración ordinal
C. La revisión de la planta de los juzgados y tribunales podrá ser instada por las comunidades autónomas con competencia en materia de Justicia
D. Todas son correctas
A. En Municipios, provincias y Comunidades Autónomas
B. En Juzgados, Audiencias y Tribunales Superiores de Justicia
C. En Municipios y Comunidades Autónomas
D. En Municipios, partidos, provincias y Comunidades Autónomas
A. El partido judicial podrá estar integrado por un solo municipio
B. El partido judicial podrá coincidir con la demarcación provincial.
C. El partido judicial forma parte de la organización territorial del Estado a efectos judiciales
D. No hay ninguna respuesta incorrecta
A. El reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español
B. La emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley
C. Conocer de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción de la provincia
D. La ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por los Juzgados de Instrucción
A. En cada partido judicial
B. En cada provincia
C. En cada municipio
D. En cada distrito
A. Uno o más
B. Dos o más
C. Ninguno
D. Tres o más
A. En cada partido judicial habrá uno o más Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
B. Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción tienen su sede en la capital del partido judicial
C. Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción serán designados en la forma en que se establezca en el Real Decreto de creación de los mismos
D. No hay ninguna respuesta incorrecta
A. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
B. La Audiencia Provincial
C. El Tribunal Superior de Justicia
D. El Juzgado de Paz
A. En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz
B. En cada municipio con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz
C. En cada agrupación de municipios donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz
D. En cada agrupación de municipios con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz
A. En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz
B. En cada municipio con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz
C. En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá uno o varios Juzgados de Paz
D. En cada municipio con jurisdicción en el término correspondiente, habrá uno o varios Juzgados de Paz
A. Si, la Ley Orgánica del Poder Judicial lo permite
B. No, en ningún caso
C. Si, cuando se trate de municipios de población inferior a dos mil habitantes
D. Si, cuando este a cargo de la misma un Letrado de la Administración de Justicia
A. Podrá existir una sola Oficina judicial para varios juzgados de Paz
B. No podrá existir una sola Oficina judicial para varios Juzgados de Paz
C. Podrá existir una sola Oficina judicial para varios juzgados de Paz cuando se trate de municipios de menos de 7000 habitantes
D. Podrá existir una sola Oficina judicial para varios juzgados de Paz cuando se trate de municipios de menos de 3000 habitantes
A. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un periodo de cuatro años
B. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un periodo de cinco años
C. Los Jueces de Paz serán nombrados para un periodo de cuatro años y sus sustitutos para un periodo de dos años cada uno
D. Los Jueces de Paz serán nombrados para un periodo de cinco años y no se nombrarán sustitutos salvo que fuera necesario
A. El artículo 119
B. El artículo 9
C. El artículo 149
D. El artículo 100
A. Una proposición no de ley el 16 de abril de 2002
B. Un proyecto de ley el 16 de abril de 2002
C. Una proposición de ley el 16 de abril de 2002.
D. Un proyecto de ley el 15 de abril de 2002
A. El Pleno del Congreso de los Diputados el día 16 de abril de 2002.
B. Resolución de 28 de octubre de 2002 de la Secretaría de Estado de Justicia
C. Ley 1/1996, de 10 de enero
D. Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero
A. El Pleno del Congreso de los Diputados
B. El Consejo de Ministros
C. La Comisión de Justicia
D. El Pleno del Senado
A. Transparencia, información y atención adecuada
B. Protección y orientación jurídica
C. Diligencia y eficacia en la tramitación
D. Coordinación y economía procesal
A. En el Libro III
B. En el Libro V
C. En el Libro VI
D. En el Libro VII
A. El Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica
B. El Consejo General del Poder Judicial
C. El Ministerio de Justicia
D. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo
A. El Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica
B. El Comité de Compatibilidades de la Administración
C. El Ministerio de Justicia
D. La Sala de Gobierno de cada órgano
A. Por el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica
B. Por el Consejo General del Poder Judicial
C. Por el Ministerio de Justicia
D. Por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo
A. En el Tablón Edictal Judicial Único, en la forma en que se disponga reglamentariamente
B. En el Tablón Edictal Judicial Único, en la forma en que se disponga legalmente
C. En el Punto Neutro Judicial, en la forma en que se disponga reglamentariamente
D. En el Punto Neutro Judicial, en la forma en que se disponga legalmente
A. De primera o segunda categoría
B. De primera categoría
C. De cualquier categoría
D. De segunda o tercera categoría
A. Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia
B. Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia o de las Comunidades Autónomas, en su caso
C. Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Medio Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia
D. Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Medio Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia o de las Comunidades Autónomas, en su caso
A. La consolidación de la categoría personal exige el desempeño de puestos de trabajo correspondientes a dicha categoría al menos durante cinco años continuados o siete con interrupción
B. No se podrá comenzar a consolidar una categoría superior sin previamente haber consolidado la inferior, si bien el tiempo de desempeño de un puesto de categoría superior será computable a efectos de la consolidación de la inferior
C. No será posible utilizar el mismo periodo de tiempo para consolidar categorías diferentes
D. No hay ninguna respuesta incorrecta
A. Dos categorías
B. Tres categorías
C. Cuatro categorías
D. Seis categorías
A. Por la tercera categoría
B. Por la primera categoría
C. Por la tercera categoría excepto cuando se acceda por el turno especial
D. Por la primera categoría excepto cuando se acceda por el turno especial
A. Cuerpo de Médicos Forenses
B. Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
C. Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
D. Todas son correctas
A. Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
B. Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
C. Cuerpo de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
D. Todos ellos son cuerpos nacionales
A. Al Ministerio de Justicia o, en su caso, a las comunidades autónomas con competencias asumidas
B. Al Ministerio de Justicia, en todo caso
C. A las comunidades autónomas, en todo caso
D. Al Consejo General del Poder Judicial
A. El Consejo General del Poder Judicial
B. Los Tribunales Superiores de Justicia
C. El Ministerio de Justicia o, en su caso, a las Comunidades Autónomas con competencias asumidas
D. Los Secretarios de Gobierno
A. De nombramiento legal, por una relación estatutaria de carácter permanente, para el desempeño de servicios retribuidos
B. De contrato de prestación de servicios, por una relación estatutaria de carácter permanente, para el desempeño de servicios retribuidos
C. De nombramiento legal, por una relación estatutaria de carácter temporal, para el desempeño de servicios retribuidos
D. De contrato de prestación de servicios, por una relación estatutaria de carácter temporal, para el desempeño de servicios retribuidos
A. En el que se inscribirá a todo el personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y en el que se anotarán preceptivamente todos los actos que afecten a la vida administrativa de los mismos
B. Que incluirá la información relativa a los puestos de trabajo correspondientes a la Administración de Justicia, su situación, ocupación y evolución
C. Ambas son correctas
D. Ninguna es correcta
A. El Ministerio de Justicia
B. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial
C. El Presidente del Gobierno
D. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
A. Todo el personal tendrá libre acceso a su expediente individual
B. Solo los funcionarios que ejerzan funciones sindicales tendrán libre acceso a su expediente individual
C. Nadie tendrá acceso a su expediente individual, sin autorización judicial
D. Ninguna es correcta
A. Su documento nacional de identidad
B. Su nombre y apellidos
C. Su tiempo de servicios en el Cuerpo
D. Todo ello aparece en el escalafón
A. El Estatuto Básico del Empleado Público
B. La Ley de Presupuestos Generales del Estado
C. El Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo
D. El Estatuto Orgánico del Funcionario Público
A. Servicios especiales.
B. Comisión de servicios
C. Excedencia voluntaria por agrupación familiar
D. Suspensión de funciones
A. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público
B. Excedencia voluntaria por agrupación familiar
C. Suspensión de funciones
D. Todas ellas se encuentran
A. Servicio activo
B. Suspensión de funciones
C. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público
D. Todas son correctas
A. El disfrute de licencias o permisos reglamentarios no alterará la situación de servicio activo
B. Se encuentra en servicio activo el funcionario que desempeñe un puesto de trabajo en el Gabinete Técnico de Información y Documentación del Tribunal Superior de Justicia
C. Los funcionarios en situación de servicio activo tienen todos los derechos, prerrogativas, deberes y responsabilidades inherentes a su condición.
D. No hay ninguna respuesta incorrecta
A. Servicio activo
B. Servicios especiales
C. Excedencia por prestación de servicios en el sector público
D. Excedencia por interés particular
A. Artículo 6
B. Artículo 7
C. Artículo 9
D. Artículo 13
A. Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios
B. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley
C. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos
D. No hay ninguna respuesta incorrecta
A. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos
B. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar para los funcionarios públicos
C. Se exceptúa el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y la ley regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos
D. Se exceptúa el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y la ley lo limitará o exceptuará para los funcionarios públicos
A. Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto
B. Ley Orgánica 5/1986, de 15 de julio
C. Ley Orgánica 7/1992, de 22 de octubre
D. Ley 9/1986, de 2 de julio
A. Todos los trabajadores, excepto los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Institutos Armados de carácter militar
B. Todos los trabajadores mayores de 18 años
C. Todos los trabajadores excepto aquellos que sean sujetos de una relación de carácter estatutario al servicio de las Administraciones públicas
D. Todos los trabajadores mayores de 18 años excepto aquellos que sean sujetos de una relación de carácter estatutario al servicio de las Administraciones públicas
A. La ley
B. La costumbre
C. Los principios generales del derecho
D. Todas son fuentes del derecho español
A. En defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales
B. En defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos laborales
C. En defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos militares
D. Todas son correctas
A. Contencioso-administrativos
B. Laborales
C. Militares
D. Serán de aplicación supletoria en todos ellos
A. Ley de Enjuiciamiento Civil
B. Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
C. Código Civil
D. Ninguna de ellas
A. La condena a determinada prestación
B. La declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas
C. La constitución, modificación o extinción de situaciones jurídicas
D. Se podrán pretender todas ellas
A. Quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, pudiendo tener legitimación en los casos en que por ley se les atribuya personas distintas del titular
B. Quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, no pudiendo en ningún caso tener legitimación personas distintas del titular
C. Quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, pudiendo tener legitimación en los procedimientos especiales establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil personas distintas del titular
D. Ninguna es correcta
A. No, sin perjuicio de la legitimación individual de los concretos perjudicados
B. Si, pueden intervenir en todo tipo de procesos en defensa de cualquier interés legítimo, pero únicamente cuando afecte a una pluralidad indeterminada de usuarios o de difícil determinación
C. Si, para la defensa de los derechos e intereses de sus asociados, de la asociación y los generales de los consumidores y usuarios
D. Si, pero su ámbito de legitimación abarca sólo la defensa de los derechos e intereses de sus asociados y de la asociación de que se trate
A. Los derechos e intereses de sus asociados
B. Los derechos e intereses de su asociación
C. Los intereses generales de los consumidores y usuarios
D. Todas son correctas
A. Las asociaciones de consumidores y usuarios
B. A las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de los consumidores y usuarios
C. A los grupos de afectados
D. A los sindicatos
A. A las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, así como a los propios grupos de afectados
B. A las asociaciones de consumidores y usuarios y al Defensor del Pueblo
C. A las asociaciones de consumidores y usuarios, así como a los propios grupos de afectados
D. Únicamente a los propios grupos de afectados
A. La extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles españoles se determinará por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte
B. Los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando se haya formulado demanda o solicitado ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución de conformidad con la legislación española y las normas de Derecho Internacional Público
C. Los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando, en virtud de un tratado o convenio internacional en el que España sea parte, el asunto se encuentre atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado
D. Todas son correctas
A. Contencioso-administrativo
B. Civil
C. Laboral
D. Penal
A. Se acordará de oficio, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, tan pronto como sea advertida
B. Se acordará de oficio, con audiencia de las partes, tan pronto como sea advertida
C. Se acordará de oficio, con audiencia de las partes personadas y del Ministerio Fiscal, tan pronto como sea advertida
D. No podrá acordarse de oficio
A. El demandado no podrá denunciar mediante declinatoria la falta de competencia internacional
B. Cuando el tribunal que conozca del asunto en segunda instancia o en trámite de recurso extraordinario por infracción procesal o de casación entienda que el tribunal ante el que se siguió la primera instancia carecía de competencia objetiva, decretará la nulidad de todo lo actuado
C. El auto que declare la falta de competencia objetiva indicará la clase de tribunal al que corresponde el conocimiento del asunto
D. Quienes no tuvieren domicilio ni residencia en España podrán ser demandados en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional o en el de su última residencia en éste y, si tampoco pudiera determinarse así la competencia, en el lugar del domicilio del actor
A. El tribunal civil, mediante providencia, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal
B. El tribunal civil, mediante auto, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal
C. El tribunal civil, mediante providencia, tras oír a las partes declarará la falta de jurisdicción inhibiéndose ante el juzgado de instrucción correspondiente
D. El tribunal civil, mediante auto, tras oír a las partes declarará la falta de jurisdicción inhibiéndose ante el juzgado de instrucción correspondiente
A. Las actuaciones judiciales se realizarán en la sede de la Oficina judicial, salvo aquellas que por su naturaleza se deban practicar en otro lugar.
B. Las actuaciones que deban realizarse fuera del partido judicial donde radique la sede del tribunal que conozca del proceso se practicarán, siempre, mediante auxilio judicial
C. Los tribunales podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de su circunscripción para la práctica de las actuaciones cuando fuere necesario o conveniente para la buena administración de justicia
D. No hay ninguna respuesta incorrecta
A. Todas las actuaciones judiciales se deben practicar en la sede de la oficina judicial
B. Las actuaciones judiciales que deban realizarse fuera de la sede judicial se practicarán mediante auxilio judicial
C. Los tribunales podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de su circunscripción para la práctica de las actuaciones cuando fuere necesario o conveniente para la buena administración de justicia
D. Todas son correctas
A. En ningún caso
B. Cuando fuere necesario o conveniente para la buena administración de justicia
C. Cuando así se lo solicite el Tribunal de otra jurisdicción
D. En los procedimientos especiales
A. Los sábados y domingos
B. Los días 24 y 31 de diciembre
C. Los días del mes de agosto
D. Todos ellos son días inhábiles
A. Un sábado
B. El 24 de diciembre
C. Un día festivo nacional
D. Todos son días inhábiles
A. Dar fe, por sí o mediante el registro correspondiente, de cuyo funcionamiento será responsable, de la recepción de escritos con los documentos y recibos que les acompañen, expidiendo en su caso las certificaciones que en esta materia sean solicitadas por las partes.
B. Dejar constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el Tribunal o ante éste y de la producción de hechos con trascendencia procesal, mediante las oportunas actas y diligencias cualquiera que sea el soporte que se utilice.
C. Expedir certificaciones o testimonios de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes, con expresión del destinatario y el fin para el cual se solicitan.
D. Todas son funciones del Letrado de la Administración de Justicia en el ejercicio de la fe pública judicial
A. Por medio de actas
B. Por medio de diligencias
C. Por medio de actas y diligencias
D. Ninguna es correcta
A. El Letrado de la Administración de Justicia
B. El funcionario competente
C. El Juez o Magistrado ponente
D. El Juez o Presidente
A. El documento electrónico así generado constituirá el acta a todos los efectos
B. El documento electrónico así generado no sustituirá el acta
C. El documento electrónico así generado constituirá el acta a todos los efectos, salvo que las partes se opongan a ellos
D. Ninguna es correcta
A. Lugar y fecha de celebración
B. Asistentes al acto
C. Todas son correctas
D. Número y clase de procedimiento
A. Notificación
B. Emplazamiento
C. Oficio
D. Mandamiento
A. Notificación
B. Requerimiento
C. Oficio
D. Mandamiento
A. Oficio exhortatorio
B. Carta orden
C. Mandamiento
D. Exposición razonada
A. Notificaciones
B. Emplazamientos y citaciones
C. Exhortos
D. Requerimientos y mandamientos
A. El despacho se remitirá por medio del sistema informático judicial salvo los supuestos en los que deba realizarse en soporte papel por ir el acto acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico
B. El despacho se remitirá mediante remisión por correo con acuse de recibo o cualquier otro medio semejante que permita dejar constancia de su recepción o por medio del sistema informático judicial
C. El despacho se remitirá mediante remisión por correo con acuse de recibo o cualquier otro medio semejante que permita dejar constancia de su recepción
D. Ninguna es correcta
A. Notificaciones, cuando tengan por objeto dar noticia de una resolución o actuación
B. Emplazamientos, para personarse y para actuar dentro de un plazo
C. Mandamientos, para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los Registradores de la Propiedad, Mercantiles, de Buques, de ventas a plazos de bienes muebles, notarios, o funcionarios al servicio de la Administración de Justicia
D. Todos ellos son actos procesales de comunicación
A. Notificación
B. Oficio
C. Mandamiento
D. Emplazamiento
A. Emplazamiento
B. Mandamiento
C. Requerimiento
D. Citación
A. Emplazamiento
B. Mandamiento
C. Oficio
D. Requerimiento
A. Oficio
B. Mandamiento
C. Requerimiento
D. Notificación
A. El Real Decreto 937/2003
B. La Ley 4/2007
C. El Real Decreto 451/2004
D. La Ley 3/1997
A. Modernizar y regular la organización y el funcionamiento de los archivos judiciales
B. Regular el procedimiento a través del cual se efectúe el expurgo de la documentación judicial
C. Ambas son correctas
D. Ninguna es correcta
A. El conjunto orgánico de documentos judiciales
B. El lugar en el que quedan debidamente custodiados y clasificados los documentos judiciales
C. Ambas son correctas
D. Ninguna es correcta
A. El procedimiento a través del cual se determina cuando un documento pierde toda su utilidad o, por el contrario, ha de ser conservado, dándosele el curso correspondiente
B. El mecanismo por el cual el Juez competente determina qué documentos o pruebas deben ser tenidas en cuenta y deben practicarse para en su día dictar sentencia
C. El procedimiento por el cual se decide si las piezas de convicción existentes en un procedimiento penal se deben destruir o inutilizar.
D. El procedimiento por el cual los funcionarios clasifican los procedimientos
A. Tanto las actuaciones procesales como aquellos que hayan sido aportados por las partes o por terceros al proceso por escrito o por medios electrónicos o telemáticos, con independencia de cuál sea el soporte material en que se encuentren recogidos
B. Únicamente las actuaciones procesales
C. Aquellos que hayan sido aportados por las partes o por terceros al proceso por escrito o por medios electrónicos o telemáticos, con independencia de cuál sea el soporte material en que se encuentren recogidos
D. Tanto las actuaciones procesales como aquellos que hayan sido aportados por las partes o por terceros al proceso por escrito
A. Mediante solicitud de que la persona a la que se pretende demandar exhiba la cosa que tenga en su poder y a la que se haya de referir el juicio
B. Por petición de un socio o comunero para que se le exhiban los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, dirigida a éstas o al consocio o condueño que los tenga en su poder
C. Por petición del que se considere heredero, coheredero o legatario, de exhibición, por quien lo tenga en su poder, del acto de última voluntad del causante de la herencia o legado
D. Todas son correctas
A. La petición de que la persona a quien se dirigiría la demanda declare, bajo juramento o promesa de decir verdad, sobre algún hecho relativo a su capacidad, representación o legitimación, cuyo conocimiento sea necesario para el pleito
B. La petición del que se considere perjudicado por un hecho que pudiera estar cubierto por seguro de responsabilidad civil, de que se exhiba el contrato de seguro por quien lo tenga en su poder
C. La petición de quien pretenda iniciar un proceso para la defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios al objeto de concretar a los integrantes del grupo de afectados cuando, no estando determinados, sean fácilmente determinables
D. Todas ellas lo son
A. Pueden solicitarlas al juez que conoce del asunto principal tanto el demandante como el demandado
B. Deben solicitarse con la demanda
C. La persona requerida para la práctica de las diligencias preliminares no puede oponerse a ellas, si bien podrá formular protesta para hacerla valer en segunda instancia
D. El solicitante ofrecerá caución para responder tanto de los gastos como de los daños y perjuicios que se pudieren causar a la persona requerida
A. Los gastos que se ocasionen a las personas que hubieren de intervenir en las diligencias serán a cargo del solicitante de las diligencias preliminares
B. Al pedir diligencias preliminares el solicitante ofrecerá caución para responder tanto de los gastos, pero no de los daños y perjuicios
C. La caución se perderá, si, transcurridos veinte días desde la terminación de las diligencias, dejare de interponerse la demanda, sin justificación suficiente, a juicio del tribunal
D. Todas son correctas
A. Del solicitante de las diligencias preliminares
B. Del demandado en el procedimiento civil que se inicie tras las diligencias preliminares
C. Del Estado
D. De las personas que hubieren de intervenir
A. Están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación o a arbitraje y transigir
B. Están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán, únicamente, renunciar, desistir del juicio o allanarse
C. No están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán, únicamente, renunciar
D. Ninguna es correcta
A. En cualquier momento de la primera instancia
B. En los recursos
C. En la ejecución de sentencia
D. Ninguna es correcta
A. Por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto
B. Por el Letrado de la Administración de Justicia mediante diligencia
C. Por el Juez mediante auto
D. Por el Juez mediante providencia
A. Sesenta días
B. Noventa días
C. Treinta días
D. Veinte días
A. Se las convocará a una comparecencia y el Letrado de la Administración de Justicia resolverá
B. Se las convocará a una comparecencia y el Tribunal resolverá
C. Será acordada por el Letrado de la Administración de Justicia siempre que no perjudique al interés general o a tercero
D. Será acordada por el Tribunal siempre que no perjudique al interés general o a tercero
A. En los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario
B. En los procesos de desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario o por expiración del plazo fijado contractual o legalmente
C. En cualquier proceso que lleve aparejado el desahucio
D. Sólo en los procesos de desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario
A. Terminarán mediante decreto dictado al efecto por el letrado de la Administración de Justicia
B. Terminarán mediante diligencia dictada al efecto por el letrado de la Administración de Justicia
C. Terminarán mediante auto dictado al efecto por el Juez
D. Terminarán mediante providencia dictada al efecto por el Juez
A. Sentencia
B. Auto
C. Providencia
D. Decreto
A. Se citará a las partes a una vista tras la cual el Juez dictará sentencia
B. Se citará a las partes a una vista tras la cual el Juez dictará auto
C. Se resolverá por el Tribunal, sin más trámites, mediante auto
D. Se resolverá por el Tribunal, sin más trámites, mediante sentencia
A. Cuando se hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, treinta días de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación
B. Cuando se hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, diez días de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación
C. Cuando se hubiera enervado el desahucio en dos ocasiones anteriores ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, treinta días de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación
D. Ninguna es correcta
A. Por el testador o por el Letrado de la Administración de Justicia
B. Únicamente por el Letrado de la Administración de Justicia
C. Por el testador o por acuerdo entre los coherederos
D. Por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por el Letrado de la Administración de Justicia o el Notario
A. El certificado de defunción
B. El documento que acredite la condición de heredero o legatario del solicitante
C. El documento que acredite la no existencia de acreedores sobre la herencia
D. Todos son documentos que deben acompañar a la solicitud
A. Cualquier coheredero
B. Cualquier legatario de parte alícuota
C. Los acreedores reconocidos como tales en el testamento
D. Todos ellos podrán
A. Los acreedores no podrán instar la división, aunque podrán ejercitar las acciones que les correspondan contra la herencia o los coherederos en el juicio declarativo que corresponda, sin suspender las actuaciones de división de la herencia
B. Los acreedores no podrán instar la división, aunque podrán ejercitar las acciones que les correspondan contra la herencia o los coherederos en el juicio declarativo que corresponda, suspendiéndose en tal caso las actuaciones de división de la herencia
C. Los acreedores podrán instar la división judicial de la herencia
D. Los acreedores podrán instar la división judicial de la herencia si están reconocidos en el testamento
A. Los acreedores no podrán instar la división, aunque podrán ejercitar las acciones que les correspondan contra la herencia o los coherederos en el juicio declarativo que corresponda
B. Los acreedores no podrán instar la división, aunque podrán ejercitar las acciones que les correspondan contra la herencia o los coherederos dentro del procedimiento de división de herencia
C. Los acreedores no podrán instar la división, aunque podrán ejercitar las acciones que les correspondan contra la herencia o los coherederos formándose una pieza separada en el procedimiento de división de herencia
D. Los acreedores podrán instar la división
A. Nunca se precisa la intervención de abogado y procurador
B. Siempre se necesita intervención de abogado y procurador
C. Siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2000 euros
D. Siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 900 euros
A. No existe cantidad máxima
B. Seis mil euros
C. Trescientos mil euros
D. Seiscientos mil euros
A. Mediante documentos firmados por el acreedor, cualquiera que sea su forma y clase y el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el acreedor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica
B. Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor
C. Cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles rústicos o urbanos
D. En todos los casos citados puede acudirse al procedimiento monitorio
A. El pago de deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible
B. El pago de deuda dineraria cuyo importe no sea superior a 300.000 euros, líquida, determinada, vencida y exigible
C. El pago de deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada y exigible desde el momento en que falten dos meses para su vencimiento
D. El pago de deuda dineraria cuyo importe no sea superior a 300.000 euros, líquida, determinada y exigible una vez haya transcurrido el plazo de dos meses desde su vencimiento
A. Cabe la sumisión tácita pero nunca la sumisión expresa
B. Si el domicilio o residencia son conocidos será exclusivamente competente para el proceso monitorio el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor
C. En los procesos monitorios de reclamación de deudas de comunidades de propietarios será siempre competente el lugar en donde se halle la finca
D. Si, tras la realización de las correspondientes averiguaciones por el Letrado de la Administración de Justicia sobre el domicilio o residencia, éstas son infructuosas o el deudor es localizado en otro partido judicial, dictará decreto dando por terminado el proceso
A. El Juzgado del domicilio del demandado
B. El Juzgado del domicilio del demandante
C. El Juzgado de domicilio del demandado o del demandante, a elección de éste
D. El Juzgado del menor que pueda verse afectado por la impugnación de la filiación
A. Dará cuenta al Tribunal para que resuelva sobre la inadmisión de la misma por tratarse de documentos que deben presentarse con la demanda conforme al artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
B. Concederá a la parte actora un plazo para subsanar la demanda
C. Admitirá a trámite la demanda y requerirá a la parte actora para que aporte dichos documentos el día de la vista
D. Dictará decreto inadmitiendo a trámite la demanda
A. Procesos sobre capacidad de las personas
B. Procesos sobre nulidad matrimonial
C. Procesos sobre derecho al honor, a la intimidad y la propia imagen
D. Ninguna es correcta
A. En un procedimiento de paternidad
B. En un procedimiento de impugnación de la filiación
C. En un procedimiento matrimonial
D. Podrá hacerlo en todos los casos citados
A. Presentar una demanda ejecutiva precisando, en su caso, la cantidad que se reclame conforme lo dispuesto en el artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
B. Presentar un escrito al Juzgado
C. Hacer una comparecencia ante el gestor del Juzgado que lleve el procedimiento
D. Presentar una denuncia penal al primer incumplimiento
A. Todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso
B. Todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil, mercantil y administrativo sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso
C. Todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil
D. Todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil, mercantil y administrativo
A. Todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional o de un Notario para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso
B. Todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho laboral, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso
C. Todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso
D. Todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, cuando exista controversia
A. Los Juzgados de Primera Instancia
B. Los Juzgados de lo Mercantil
C. Las Audiencias Provinciales
D. Todos ellos tienen competencia
A. Los Juzgados de Primera Instancia
B. Los Juzgados de lo Mercantil
C. Los Juzgados de Paz
D. Todospueden conocer de dichos actos
A. Los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de lo Mercantil
B. Los Juzgados de lo Mercantil
C. Los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Paz
D. Los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de lo Contencioso-administrativo
A. Recurso en interés de ley
B. Recurso de reposición
C. Recurso de reforma
D. Recurso de apelación
A. Recurso en revisión
B. Recurso de reposición
C. Recurso de suplicación
D. Recurso de apelación
A. Dictará auto absteniéndose de conocer previa audiencia de las partes personadas por plazo común de diez días
B. Dictará decreto absteniéndose de conocer previa audiencia de las partes personadas por plazo común de diez días
C. Dictará auto absteniéndose de conocer previa audiencia de las partes personadas por plazo común de cinco días
D. Dictará decreto absteniéndose de conocer previa audiencia de las partes personadas por plazo común de cinco días
A. De cinco días, para la correcta interposición o anuncio del recurso que se añadirán al plazo legalmente previsto para dichos trámites
B. De cinco días, para la correcta interposición o anuncio del recurso que no se añadirán al plazo legalmente previsto para dichos trámites
C. De diez días, para la correcta interposición o anuncio del recurso que se añadirán al plazo legalmente previsto para dichos trámites
D. De diez días, para la correcta interposición o anuncio del recurso que no se añadirán al plazo legalmente previsto para dichos trámites
A. Al de la notificación de la resolución que se recurre
B. Al de la notificación de su aclaración
C. Al de la notificación de la denegación de la aclaración
D. Al de la última notificación de la resolución que se recurre
A. Se tendrá por inadmitido el recurso de casación
B. Se tendrá por inadmitido el recurso extraordinario por infracción procesal
C. Se inadmitirán ambos
D. Se admitirán ambos, quedando en suspenso la resolución del recurso de casación hasta que se resuelva el interpuesto por infracción procesal
A. No se admitirá de nuevo este recurso extraordinario si no se fundara en infracciones y cuestiones diferentes de la que fue objeto del primer recurso
B. Se admitirá únicamente recurso de casación
C. Se admitirá nuevo recurso extraordinario por infracción procesal, pero no se admitirá recurso extraordinario de casación
D. Sólo se admitirá recurso en interés de ley
A. Las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia contra sentencias y autos dictados por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia
B. Las Salas de lo Civil del Tribunal Supremo contra sentencias y autos dictados por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia
C. Las Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia
D. Las Salas de lo Civil del Tribunal Supremo contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia
A. Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia
B. Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir indefensión
C. Vulneración de derechos fundamentales excepto el reconocido en el artículo 24 de la Constitución
D. Puede fundarse en todo ello
A. Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia
B. Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir indefensión
C. Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva, funcional o territorial
D. Puede fundarse en todo ello
A. Las sentencias declarativas firmes
B. Los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, no elevados a escritura pública
C. Ambas son correctas
D. Ninguna es correcta
A. Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio colegiado que las intervenga, con tal que se acompañe certificación en la que dicho corredor acredite la conformidad de la póliza con los asientos de su libro registro y la fecha de éstos
B. Los certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores, siempre que se acompañe copia de la escritura pública de representación de los valores o, en su caso, de la emisión, cuando tal escritura sea necesaria, conforme a la legislación vigente
C. Los títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas y los cupones, también vencidos, de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos y éstos, en todo caso, con los libros talonarios
D. Todas son correctas
A. Los acuerdos de mediación
B. Las segundas copias de escrituras públicas
C. Los títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas y los cupones, también vencidos, de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos y éstos, en todo caso, con los libros talonarios
D. Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio colegiado que las intervenga
A. Las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso, acompañadas, si fuere necesario para constancia de su concreto contenido, de los correspondientes testimonios de las actuaciones
B. Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio colegiado que las intervenga, con tal que se acompañe certificación en la que dicho corredor acredite la conformidad de la póliza con los asientos de su libro registro y la fecha de éstos
C. Las escrituras públicas con tal de que sean primera o segunda copia
D. Todas ellas tendrán aparejada ejecución
A. En los 2 años siguientes a la notificación de la resolución
B. En los 5 años siguientes a la firmeza de la resolución
C. En los 2 años siguientes a la firmeza de la resolución
D. En los 5 años siguientes a la notificación de la resolución
A. Prevalecerá la que conste en letras, en cualquier caso
B. Prevalecerá la que conste en números, en cualquier caso
C. Prevalecerá la que conste en letras si el título se ha emitido en territorio nacional
D. Prevalecerá la que conste en números si el título siempre que se haya pactado que la cantidad exigible en caso de ejecución será la resultante de la liquidación efectuada por el acreedor en la forma convenida
A. No será preciso, que sea líquida la cantidad que el ejecutante solicite por los intereses que se pudieran devengar durante la ejecución y por las costas que ésta origine
B. No será preciso, que sea líquida la cantidad que el ejecutante por las costas que la ejecución origine, pero si por los intereses y el principal
C. Será preciso, que sea líquida la cantidad que el ejecutante solicite por los intereses que se pudieran devengar durante la ejecución y por las costas que ésta origine
D. No será preciso, que sea líquida la cantidad que el ejecutante solicite por los intereses que se pudieran devengar durante la ejecución, aunque si por las costas que ésta origine
A. Efectuada por el acreedor en la forma convenida por las partes en el propio título ejecutivo, debiendo acreditar el acreedor haber notificado al ejecutado la cantidad exigible resultante de la liquidación
B. Efectuada por el acreedor en la forma convenida por las partes en el propio título ejecutivo, debiendo acreditar el acreedor haber notificado al ejecutado la cantidad exigible resultante de la liquidación si así se hubiera convenido
C. Efectuada por notario, debiendo acreditar el acreedor haber notificado al ejecutado la cantidad exigible resultante de la liquidación
D. Efectuada por notario, debiendo acreditar el acreedor haber notificado al ejecutado la cantidad exigible resultante de la liquidación si así se hubiera convenido.
A. Podrá despacharse ejecución por el importe del saldo resultante de operaciones derivadas de contratos formalizados en escritura pública sólo si el acreedor acredita haber notificado previamente al ejecutado y al fiador, si lo hubiere, la cantidad exigible resultante de la liquidación.
B. En caso de disconformidad entre distintas expresiones de cantidad en el título ejecutivo, prevalecerá la que conste con números
C. La cantidad prevista para intereses y costas, que se fijará provisionalmente, no podrá superar el 50 por 100 de la que se reclame en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de la posterior liquidación
D. Todas son correctas
A. El documento o documentos en que se exprese el saldo resultante de la liquidación efectuada por el acreedor
B. El documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidación en la forma pactada por las partes en el título ejecutivo
C. El documento que acredite haberse notificado al deudor y al fiador, si lo hubiere, la cantidad exigible
D. Todas son correctas
A. El ejecutante podrá pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que falte, y contra quienes proceda, y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda ejecución
B. El ejecutante podrá pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que falte, y contra quienes proceda, y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas de la ejecución hipotecaria
C. El ejecutante podrá pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que falte
D. El ejecutante podrá pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que falte salvo que así se hubiera pactado en la escritura de constitución de la hipoteca
A. La ejecución no se suspenderá por la cantidad que reste
B. La ejecución se suspenderá por la cantidad que reste
C. La ejecución concluirá en el estado en que se halle
D. Ninguna es correcta
A. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 65 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago
B. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 45 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago
C. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de diez años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 65 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago
D. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de diez años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 45 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago
A. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de diez años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 80 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago
B. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 80 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago
C. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de diez años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 70 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago
D. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 70 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago
A. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 65 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago
B. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 65 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero, aumentado en dos puntos hasta el momento del pago
C. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 65 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, sin incremento alguno
D. Ninguna es correcta, ya que el porcentaje correcto es de un 50 por cien
A. De 100 a 600 euros
B. Hasta 600 euros
C. De 200 a 2.000 euros
D. Ninguna
A. Cuando el título ejecutivo contuviera una obligación de hacer
B. Cuando el título ejecutivo contuviera una obligación de entregar una cantidad de dinero
C. Cuando el título ejecutivo contuviera una obligación de no hacer
D. No hay ninguna respuesta incorrecta
A. Se requerirá al ejecutado para que, dentro del plazo que el tribunal estime adecuado, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo
B. Se requerirá al ejecutado para que, dentro del plazo de veinte días, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo
C. Se requerirá al ejecutado para que, dentro del plazo de tres meses, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo
D. Se requerirá al ejecutado para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo
A. En el requerimiento, el tribunal podrá apercibir al ejecutado con el empleo de apremios personales o multas pecuniarias
B. En el decreto acordando las medidas ejecutivas concretas, el Letrado de la Administración de Justicia podrá apercibir al ejecutado con el empleo de apremios personales o multas pecuniarias
C. En el requerimiento, el tribunal deberá apercibir al ejecutado con el empleo de apremios personales o multas pecuniarias
D. En el decreto acordando las medidas ejecutivas concretas, el Letrado de la Administración de Justicia deberá apercibir al ejecutado con el empleo de apremios personales o multas pecuniarias
A. En el requerimiento, el tribunal podrá apercibir al ejecutado con el empleo de apremios personales o multas pecuniarias
B. Si el requerimiento para hacer, no hacer o entregar cosa distinta de una cantidad de dinero no pudiere tener inmediato cumplimiento, el Letrado de la Administración de Justicia, a instancia del ejecutante, podrá acordar las medidas de garantía que resulten adecuadas para asegurar la efectividad de la condena
C. Por el Letrado de la Administración de Justicia se acordará, en todo caso, cuando el ejecutante lo solicite, el embargo de bienes del ejecutado en cantidad suficiente para asegurar el pago de las eventuales indemnizaciones sustitutorias y las costas de la ejecución
D. No hay ninguna respuesta incorrecta
A. El demandante reconvenido, bajo su responsabilidad
B. Solo la parte demandante, bajo su responsabilidad y previa caución
C. Todo actor, principal o reconvencional, bajo su responsabilidad
D. Cualquiera de las partes en los procesos declarativos
A. El actor principal
B. El actor reconvencional
C. El demandado
D. El actor reconvencional y el demandado
A. No podrán en ningún caso ser acordadas de oficio por el tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto para los procesos especiales y tampoco podrá éste acordar medidas más gravosas que las solicitadas
B. No podrán en ningún caso ser acordadas de oficio por el tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto para los procesos especiales, aunque podrá éste acordar medidas más gravosas que las solicitadas
C. Podrán ser acordadas de oficio por el tribunal, pero no podrá éste acordar medidas más gravosas que las solicitadas
D. Podrán ser acordadas de oficio por el tribunal, pudiendo éste, igualmente, acordar medidas más gravosas que las solicitadas
A. Quien acredite ser parte de convenio arbitral con anterioridad a las actuaciones arbitrales
B. Quien acredite ser parte de un proceso arbitral pendiente en España
C. Quien, en un supuesto de arbitraje institucional, acredite haber presentado la debida solicitud a la institución correspondiente según su Reglamento
D. Todos ellos podrán
A. Quien acredite ser parte de un proceso jurisdiccional en un país extranjero
B. Quien acredite ser parte de un proceso arbitral en un país extranjero
C. Quien acredite ser parte de un proceso jurisdiccional en un país extranjero, así como quien acredite ser parte de un proceso arbitral en un país extranjero
D. Ninguna es correcta
A. Que el Letrado de la Administración de Justicia aprecia temeridad en la conducta del condenado en costas
B. Que el domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio
C. Ambas son correctas
D. Ninguna es correcta
A. Honorarios del Letrado
B. Derechos arancelarios del Procurador
C. Recibos de taxi para acudir a la vista del juicio
D. Depósitos necesarios para la presentación de recursos
A. Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas
B. Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso
C. Depósitos necesarios para la presentación de recursos
D. Ninguna es correcta
A. Honorarios de la defensa y de la representación técnica, en todo caso
B. Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos reclamados por el tribunal a registros y protocolos públicos
C. La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva
D. Todas son correctas
A. Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso
B. Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso
C. La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva
D. Ninguna es correcta
A. La ley 20/2011
B. La ley orgánica 40/2011
C. La ley 20/2015
D. La ley 30/2021
A. El Registro Civil es un registro público dependiente del Ministerio de Justicia
B. El Registro Civil tiene por objeto hacer constar oficialmente los hechos y actos que se refieren al estado civil de las personas
C. El contenido del Registro Civil está integrado por el conjunto de registros individuales de las personas físicas y por el resto de las inscripciones que se practiquen en el mismo conforme a la Ley
D. Todas son correctas
A. El Registro Civil es un registro público dependiente del Ministerio de Justicia
B. El Registro Civil es un registro público dependiente del Gobierno
C. El Registro Civil es un registro privado dependiente del Ministerio de Justicia
D. El Registro Civil es un registro privado dependiente del Gobierno
A. Todos los asuntos referentes al Registro Civil están encomendados a la Dirección General de los Registros y del Notariado
B. Todos los asuntos referentes al Registro Civil están encomendados a la Subdirección de los Registros y del Notariado
C. Sólo los asuntos referentes a inscripciones están encomendados a la Dirección General de los Registros y del Notariado
D. Sólo los asuntos referentes a inscripciones están encomendados a la Subdirección de los Registros y del Notariado
A. El Ministerio de Justicia y la Dirección General de los Registros y del Notariado
B. El Ministerio de Justicia y los Registradores de la Propiedad
C. El Ministerio de Justicia, únicamente
D. Ninguna es correcta
A. El documento auténtico, sea original o testimonio, sea judicial, administrativo, notarial o registral
B. El documento auténtico original sea judicial, administrativo, notarial o registral
C. El documento auténtico, sea original o testimonio, sea judicial o administrativo
D. El documento auténtico original sea judicial o administrativo
A. Si, cuando sean firmes
B. Si, pudiendo solicitarse la inscripción provisional cuando no sean firmes
C. No, debiendo en todo caso practicar la rectificación correspondiente
D. No hasta que se solicite y obtenga el correspondiente exequatur
A. Si, cuando sean firmes, debiendo practicarse la rectificación correspondiente cuando contradicen hechos inscritos
B. Si, aunque no sean firmes
C. Si, salvo cuando contradicen hechos inscritos
D. No, en ningún caso
A. Los documentos para practicar inscripciones deberán presentarse en soporte electrónico
B. Los documentos presentados en las Oficinas del Registro Civil y en las Oficinas Colaboradoras se custodiarán y conservarán en los términos establecidos por la normativa reguladora de esta materia para las Administraciones Públicas
C. Para practicar inscripciones sin expediente, en virtud de certificación de Registro extranjero, será necesario el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable para que tenga eficacia en España
D. No hay ninguna respuesta incorrecta
A. Las declaraciones en virtud de las cuales hayan de practicarse los asientos se consignarán en acta firmada por el funcionario competente de la Oficina General o Consular y por los declarantes, o bien mediante la cumplimentación del formulario oficialmente aprobado
B. Las declaraciones en virtud de las cuales hayan de practicarse los asientos se consignarán en acta firmada por el Encargado y por los declarantes, o bien mediante la cumplimentación del formulario oficialmente aprobado
C. Las declaraciones en virtud de las cuales hayan de practicarse los asientos se consignarán en acta firmada por el funcionario competente de la Oficina General o Consular y por los declarantes, no siendo válida la cumplimentación de formularios
D. Las declaraciones en virtud de las cuales hayan de practicarse los asientos se consignarán en acta firmada por el Encargado y por los declarantes, no siendo válida la cumplimentación de formularios
A. Los documentos cuya autenticidad le constare al Encargado del Registro
B. Los documentos que llegaren por vía oficial
C. Los documentos que llegaren por diligencia bastante
D. Todas son correctas
A. En el menor tiempo posible
B. En quince días
C. En tres días
D. En un mes
A. Dicha acta será título suficiente para proceder a la inscripción del hecho o acto con independencia del tiempo transcurrido desde el hecho y sin necesidad de incoar un expediente de inscripción fuera de plazo
B. Dicha acta será título suficiente para proceder a la inscripción del hecho o acto siempre que no hayan transcurrido más de diez años desde el hecho y sin necesidad de incoar un expediente de inscripción fuera de plazo
C. Dicha acta será título suficiente para proceder a la inscripción del hecho o acto con independencia del tiempo transcurrido desde el hecho, mediante la incoación de un expediente de inscripción fuera de plazo
D. Dicha acta será título suficiente para proceder a la inscripción del hecho o acto siempre que no hayan transcurrido más de diez años desde el hecho, mediante la incoación de un expediente de inscripción fuera de plazo
A. El Encargado
B. Cualquier funcionario
C. El Juez
D. El gestor procesal en todo caso
A. Se estará a lo que resulte del Registro
B. Se estará a lo que resulte de la certificación
C. Se estará a lo que resulte del Registro o de la certificación, a elección del inscrito
D. Ninguna es correcta
A. Conforme a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
B. Conforme a disposiciones de Leyes especiales
C. En virtud de sentencia dictada por el juez competente
D. Todas son correctas
A. Todas las Autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento penal
B. Todas las Autoridades
C. Sólo el Juez o Magistrado
D. Todos los funcionarios que intervengan en el procedimiento penal
A. Por regla general, se extiende a resolver, para sólo el efecto de la represión, las cuestiones civiles y administrativas prejudiciales propuestas con motivo de los hechos perseguidos, cuando tales cuestiones aparezcan tan íntimamente ligadas al hecho punible que sea racionalmente imposible su separación
B. Se extiende a resolver, para sólo el efecto de la represión, las cuestiones civiles y administrativas prejudiciales propuestas con motivo de los hechos perseguidos, en cualquier caso
C. No se extiende a resolver, para sólo el efecto de la represión, las cuestiones civiles y administrativas prejudiciales propuestas con motivo de los hechos perseguidos, en ningún caso
D. Se extiende a resolver, a todos los efectos, las cuestiones civiles y administrativas prejudiciales propuestas con motivo de los hechos perseguidos, en cualquier caso
A. El Tribunal de lo criminal suspenderá el procedimiento hasta la resolución de aquélla por quien corresponda; pero puede fijar un plazo, que no exceda de dos meses, para que las partes acudan al Juez o Tribunal civil o contencioso-administrativo competente
B. El Tribunal de lo criminal no suspenderá el procedimiento, pero puede fijar un plazo, que no exceda de dos meses, para que las partes acudan al Juez o Tribunal civil o contencioso-administrativo competente
C. El Tribunal de lo criminal suspenderá el procedimiento hasta la resolución de aquélla por quien corresponda; pero puede fijar un plazo, que no exceda de seis meses, para que las partes acudan al Juez o Tribunal civil o contencioso-administrativo competente
D. El Tribunal de lo criminal no suspenderá el procedimiento, pero puede fijar un plazo, que no exceda de seis meses, para que las partes acudan al Juez o Tribunal civil o contencioso-administrativo competente
A. Dos meses
B. Diez días
C. Un mes
D. Ocho días
A. De todo delito nace acción penal para el castigo del culpable y acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible
B. De todo delito nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible
C. De todo delito nace acción civil para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados
D. Ninguna es correcta
A. La restitución de la cosa
B. La reparación del daño
C. La indemnización de perjuicios causados por el hecho punible
D. Todas son correctas
A. La acción penal podrá ejercitarse por el Juez o Magistrado, en cualquier tipo de delito
B. La acción penal es pública
C. La acción penal podrán ejercitarla los cónyuges entre sí, en cualquier tipo de delito
D. La acción penal por delito o falta que dé lugar al procedimiento de oficio se extingue por la renuncia de la persona ofendida
A. El juez o magistrado
B. El que goce de la plenitud de sus derechos civiles
C. Los cónyuges por delito cometido por el uno contra la persona del otro o la de sus hijos, y por el delito de bigamia
D. El que hubiera sido condenado por sentencia firme como reo del delito de denuncia o querella calumniosa
A. El que goce de la plenitud de los derechos civiles
B. El que hubiera sido condenado dos veces por sentencia firme como reo del delito de denuncia o querella calumniosas cuando ejercite la acción penal por delito cometido contra los bienes que estén bajo su guarda
C. El Juez o Magistrado por delito cometido contra su hermano
D. Todos ellos podrán
A. Del Ministerio de Justicia
B. De los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal
C. Del Ministerio del interior
D. Del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
A. Averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación
B. Practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobar los delitos y descubrir a los delincuentes
C. Deberes de información a las victimas que entre en contacto con la Policía Judicial
D. Acordar la prisión provisional de un detenido
A. Averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación
B. Recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro
C. Llevar a cabo una valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas
D. Todas ellas lo son
A. Cuando no exista autor conocido
B. Cuando lo disponga el jefe de la unidad de Policía Judicial
C. Cuando se trate de un delito privado
D. Todas son correctas
A. Se trate de delitos contra la vida
B. El Ministerio Fiscal solicite la remisión
C. Se trate de delitos relacionados con la corrupción
D. Todas son correctas
A. El Juez de instrucción competente
B. El Ministerio Fiscal
C. Los Jefes de las Unidades orgánicas de Policía Judicial, centrales o de ámbito provincial, y sus mandos superiores
D. Todos ellos podrán hacerlo
A. El Juez de instrucción competente
B. El Ministerio Fiscal
C. Los Jefes de las Unidades orgánicas de Policía Judicial, centrales o de ámbito provincial, y sus mandos superiores
D. El Juez o Tribunal encargado del enjuiciamiento
A. El Letrado de la Administración de Justicia del juzgado de instrucción que acordó dicha autorización
B. El juzgado Decano
C. El Juez de instrucción
D. El Ministerio Fiscal
A. Darán cuenta inmediata al Ministerio Fiscal sobre las autorizaciones que hubiesen otorgado y, si existiese procedimiento judicial abierto, al Juez de Instrucción competente
B. Darán cuenta en menos de 48 horas al Ministerio Fiscal sobre las autorizaciones que hubiesen otorgado y, si existiese procedimiento judicial abierto, al Juez de Instrucción competente
C. Darán cuenta inmediata al Juez de Instrucción competente
D. Darán cuenta en menos de 48 horas al Juez de Instrucción competente
A. El Juez de instrucción
B. El Ministerio Fiscal
C. Los jefes de las unidades orgánicas de Policía Judicial
D. Todos ellos podrán autorizarlo
A. Auto de conclusión del sumario, auto de apertura de juicio oral, calificación de las acusaciones, calificación de las defensas
B. Auto de conclusión del sumario, calificación de las acusaciones, auto de apertura de juicio oral, calificación de las defensas
C. Auto de conclusión del sumario, calificación de las acusaciones, calificación de las defensas, auto de apertura de juicio oral
D. Auto de apertura de juicio oral, calificación de las acusaciones, calificación de las defensas, auto de conclusión del sumario
A. Lo declarará así mediante auto, y acordará la apertura de juicio oral, disponiendo que se dé traslado para que las partes califiquen por escrito los hechos
B. Dictará auto decretando la apertura de juicio oral y dispondrá el traslado para que las partes califiquen por escrito los hechos
C. Lo declarará así mediante auto, y las partes presentarán escrito en el califiquen por escrito los hechos ante el Tribunal competente para conocer del delito
D. Lo declarará así mediante auto, mandando remitir los autos y las piezas de convicción al Tribunal competente para conocer del delito
A. Lo declarará así y dejará en suspenso la remisión de autos y las piezas de convicción hasta que sean resueltos los recursos en un efecto pendientes
B. Lo declarará así, mandando remitir los autos y las piezas de convicción al Tribunal competente para el enjuiciamiento
C. El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción pasará los autos para alegaciones por un plazo que no bajará de cinco días ni excederá de diez, según el volumen del proceso, al Ministerio Fiscal y a la acusación particular si la hubiere
D. El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción pasará los autos para alegaciones por un plazo que no bajará de tres días ni excederá de diez, según el volumen del proceso, al Ministerio Fiscal y a la acusación particular si la hubiere
A. Impedirá la terminación del sumario
B. No impedirá nunca la terminación del sumario
C. Impedirá la terminación del sumario, salvo que el Ministerio Fiscal solicite lo contrario
D. No impedirá nunca la terminación del sumario, salvo que el Ministerio Fiscal solicite lo contrario
A. Cuando hubiera pendientes recursos de apelación admitidos en un solo efecto, el Juez cuidará de expresar los mismos al hacerse la remisión del sumario a la Audiencia.
B. La sustanciación de de los recursos de apelación admitidos en dos efectos no impedirá nunca la terminación del sumario
C. Si se diera lugar a alguna apelación admitida en un solo efecto, una vez remitida la causa a la Audiencia para su enjuiciamiento, se revocará sin más trámite el auto del Juez declarando concluso el sumario y el Secretario judicial le devolverá éste con testimonio del auto resolutorio de la apelación, para la práctica de las diligencias que sean consecuencia de tal resolución
D. Todas son correctas
A. Públicos, bajo pena de nulidad
B. Públicos, en todo caso
C. A puerta cerrada, salvo cuando se acuerde su publicidad
D. Públicos o secretos, según lo dispuesto por el Presidente.
A. De oficio o a instancia de cualquiera de las partes, previa audiencia a las mismas
B. A instancia de cualquiera de las partes, previa audiencia al resto
C. De oficio o a instancia de cualquiera de las partes, sin audiencia de las mismas
D. A instancia de cualquiera de las partes, sin audiencia al resto
A. Cuando así lo exijan razones de seguridad u orden público
B. Cuando así lo exija la adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes
C. Cuando resulte necesario para evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso
D. Todas son correctas
A. Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección
B. Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares
C. Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de víctimas menores de edad o víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta
D. Puede acordar todo ello
A. En ningún caso
B. Cuando así lo exijan razones de seguridad u orden público
C. Cuando así lo exija el derecho a la intimidad de la víctima
D. En cualquier caso que el Tribunal lo considere conveniente
A. Con el auto de apertura de juicio oral
B. En ningún momento
C. Con el auto de procesamiento
D. Con la formalización del escrito de acusación
A. Al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración
B. Al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a cinco años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración
C. Al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, no superiores a tres años
D. Al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a cinco años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, no superiores a tres años
A. Al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración
B. Al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a cinco años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración
C. Al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza que no sean conjuntas ni alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración
D. Al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a cinco años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza que no sean conjuntas ni alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración
A. Si no resulta acuerdo a la segunda comunicación que con tal motivo se dirijan, pondrán el hecho, sin dilación, en conocimiento del superior jerárquico
B. El superior jerárquico, tras oír al Fiscal y a las partes personadas en comparecencia que se celebrará dentro de las veinticuatro horas siguientes, decida en el acto lo que estime procedente, sin ulterior recurso
C. Cuando la cuestión surja en la fase de instrucción, cada uno de los juzgados suspenderá el procedimiento, hasta tanto se dirima definitivamente la controversia
D. Ninguna es correcta
A. Ningún Juez de Instrucción
B. Ningún Juez de lo Penal
C. Ningún Juez Central de Instrucción
D. Todas son correctas
A. No será necesaria su celebración cuando se solicite libertad provisional con fianza
B. Se podrán proponer los medios de prueba que puedan practicarse dentro de las setenta y dos horas siguientes a su puesta a disposición
C. El tramite se sustanciará conforme a lo establecido en el artículo 798 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
D. Si ninguna de las partes solicita la prisión provisional el Juez de Instrucción acordará necesariamente la puesta inmediata en libertad del detenido
A. Se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda en ningún caso de tres años
B. Se aplicará exclusivamente cuando se trate de delitos flagrantes
C. Este procedimiento será de aplicación a todos los delitos conexos no comprendidos en este título
D. Ninguna es cierta
A. Con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años
B. Con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años
C. Ambas son correctas
D. Ninguna es correcta
A. Que se trate de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años
B. Que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia
C. Que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial
D. Todos ellos deben cumplirse
A. Que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial
B. Que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial o denuncia y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial
C. Que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial, aunque la Policía Judicial no haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial
D. Que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial o denuncia, aunque la Policía Judicial no haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial
A. El artículo 148
B. El artículo 125
C. El artículo 140
D. El artículo 99
A. Delitos contra las personas
B. Delitos contra la salud pública
C. Ambas son correctas
D. Ninguna es correcta
A. Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos
B. Delitos contra el honor
C. Ambas son correctas
D. Ninguna es correcta
A. Delitos contra la libertad
B. Delitos contra el patrimonio
C. Ambas son correctas
D. Ninguna es correcta
A. De prevaricación
B. De los fraudes y exacciones ilegales
C. De las amenazas
D. Del allanamiento de morada
A. Ley Orgánica 2/2004, de 29 de diciembre
B. Ley Orgánica 5/2004, de 31 de diciembre
C. Ley Orgánica 9/2003, de 30 de diciembre
D. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre
A. En la capital del partido judicial
B. En la capital de la Comunidad Autónoma
C. En la capital de la provincia
D. En todos los municipios habrá uno
A. El Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y en su caso, con informe de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia
B. El Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Gobierno o de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia
C. Ninguna es cierta, únicamente las Cortes Generales mediante ley
D. El Ministro de Justicia, a propuesta del Consejo de Ministros
A. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las Salas de Gobierno
B. El Ministro de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial
C. El Presidente del Gobierno, previo informe del Ministro de Justicia
D. La Ley Orgánica del Poder Judicial no permite acordarlo
A. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción conocerá de los mismos
B. Habrá de crearse obligatoriamente un Juzgado de Violencia sobre la Mujer que conozca de los mismos
C. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la capital de provincia conocerá de los mismos
D. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de uno de los partidos judiciales limítrofes conocerá de los mismos
A. La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero
B. La Ley 7/1999, de 15 de enero
C. La Ley Orgánica 4/2007, de 7 de mayo
D. La Ley 4/1998, de 3 de abril
A. Mayor de 12 y menor de 16 años
B. Mayor de 12 y menor de 18 años
C. Mayor de 14 y menor de 18 años
D. Mayor de 14 y menor de 21 años
A. Al Juez de Menores del lugar donde se haya cometido el hecho delictivo
B. Al Juez de Menores del domicilio de la victima
C. Al Juez de Menores del domicilio del responsable de los hechos
D. Al Juez de Menores del domicilio de la victima o del responsable de los hechos, a elección de la victima
A. Se le exigirá responsabilidad penal de acuerdo con la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor
B. Se le aplicará lo dispuesto en las normas de protección del menor establecidas en el código civil y demás disposiciones vigentes
C. No se le exigirá ningún tipo de responsabilidad
D. El Defensor del Menor será el que esté legitimado para interponer las medidas correspondientes respecto al menor
A. Ningún tipo de responsabilidad con arreglo a dicha Ley
B. Únicamente la responsabilidad civil que se derive del hecho punible
C. La responsabilidad penal y civil que se derive del hecho punible
D. La responsabilidad penal, pero que sólo le será exigible cuando alcance la mayoría de edad
A. En los artículos 962 a 977 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
B. En los artículos 795 a 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
C. En los artículos 757 a 794 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
D. En los artículos 100 a 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
A. Hurto, aunque no sea flagrante
B. Daños que sean flagrantes
C. Lesiones
D. Todas ellas pueden señalarles por la policía judicial ante el juzgado de guardia
A. El de lesiones
B. El de hurto
C. El de amenazas
D. El de robo
A. Si, cuando el enjuiciamiento corresponda al Juzgado de Instrucción al que se debe entregar el atestado o a otro del mismo partido judicial
B. Si, en cualquier caso
C. No
D. Si, cuando el delito sea castigado con pena de multa inferior a seis meses
A. Si, cuando el enjuiciamiento corresponda al Juzgado de Instrucción al que se debe entregar el atestado o a otro del mismo partido judicial
B. Si, en cualquier caso
C. No
D. Si, cuando el delito sea castigado con pena de multa inferior a seis meses
A. Apelación
B. Queja
C. Casación
D. Suplica
A. Recurso de reforma
B. Recurso de apelación
C. Recurso de queja
D. Recurso de suplica
A. Contra todos los autos del Juez de Instrucción
B. Contra todos los autos del Juez de Instrucción, salvo que quepa contra ellos recurso de apelación
C. Contra los autos del Juez de Instrucción en que la ley así lo establezca
D. Contra todos los autos del Juez de Instrucción, Juez de lo Penal o Audiencia Provincial
A. Recurso de apelación
B. Recurso de reposición
C. Recurso de revisión
D. Ninguna es correcta
A. Podrá interponerse únicamente en los casos determinados en la Ley, y se admitirá en ambos efectos tan sólo cuando la misma lo disponga expresamente
B. Podrá interponerse en todos los casos en que la ley no disponga lo contrario, y se admitirá en ambos efectos tan sólo cuando la misma lo disponga expresamente
C. Podrá interponerse únicamente en los casos determinados en la Ley, y se admitirá en ambos efectos salvo que la ley disponga expresamente lo contrario
D. Podrá interponerse en todos los casos en que la ley no disponga lo contrario, y se admitirá en ambos efectos salvo que la ley disponga expresamente lo contrario
A. El Libro II
B. El Libro V
C. El Libro VI
D. El Libro VII
A. En los autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de los incidentes
B. En las sentencias que pongan término a la causa
C. En los decretos, autos o sentencias que pongan término a la causa
D. En los decretos, autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de los incidentes
A. Declarar las costas de oficio.
B. Condenar al pago de las costas a los procesados, señalando la parte proporcional de que cada uno de ellos deba responder, si fuesen varios
C. Condenar al pago de las costas al querellante particular o actor civil
D. Ninguna es correcta
A. No se impondrán nunca las costas a los procesados que fueren absueltos
B. El querellante particular o actor civil serán condenados al pago de las costas cuando resultare de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe
C. Cuando se declaren de oficio las costas no habrá lugar al pago de cantidades por el reintegro del papel sellado empleado en la causa ni por el pago de los derechos de arancel
D. Todas son correctas
A. No se le impondrán nunca costas
B. Se le podrán imponer las costas cuando el caso presentara serias dudas de hecho o de derecho
C. Se le podrán imponer únicamente una tercera parte de las costas causadas a su instancia
D. Se le podrán imponer únicamente una cuarta parte de las costas causadas a su instancia
A. Ley 29/1998, de 13 de julio
B. Ley Orgánica 29/1998, de 13 de julio
C. Ley 15/2005, de 13 de julio
D. Ley Orgánica 15/2005, de 13 de julio
A. Con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo
B. Con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley
C. Con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación
D. Conocerán de todo ello
A. Con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo
B. Con las disposiciones generales con rango de ley
C. Con los Decretos legislativos
D. Conocerá de todo ello
A. La Administración General del Estado
B. Las Entidades que integran la Administración local
C. Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales
D. Todas ellas serán consideradas administraciones públicas
A. Las Entidades de derecho público dependientes de una Administración Local
B. Las cooperativas de trabajo asociado
C. Las sociedades colectivas
D. Ninguna es correcta
A. Las personas que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil
B. Los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela
C. Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos cuando la Ley así lo declare expresamente
D. Todas son correctas
A. No, en ningún caso
B. Sólo para recursos contra vía de hecho de la administración
C. Si, cuando la Ley lo declare así expresamente
D. Si, en todo caso
A. Sí, siempre que estén asistidos por la persona que ejerza la patria potestad
B. Sí, con la asistencia de un defensor judicial, en su caso
C. Sí, con la asistencia de un curador, en su caso
D. Sí, sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad
A. No está legitimada para impugnar sus propios actos
B. Está legitimada para impugnar sus propios actos ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo previa su declaración de lesividad para el interés público
C. Está legitimada para impugnar sus propios actos ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo ejercitando al mismo tiempo la declaración de lesividad para el interés público
D. Está legitimada para impugnar sus propios actos ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo sin necesidad de declaración de lesividad para el interés público
A. Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan, sin estatuto específico de autonomía
B. La Administración autora del acto impugnado, previa declaración de lesividad para el interés público
C. Órganos de la Administración cuyo acto se haya impugnado, sin necesidad de que una ley lo autorice expresamente
D. Particulares que obren por delegación o mandatarios de la Administración
A. Una vez formulados los escritos de demanda y contestación
B. Una vez formulado el escrito de demanda
C. Una vez presentado el escrito de recurso
D. En la sentencia
A. El Secretario Judicial
B. El Tribunal
C. El demandante, en todo caso
D. El demandado
A. En los escritos de demanda y contestación las partes podrán exponer, por medio de otrosí, su parecer al respecto
B. Cuando las partes no expusieren su parecer sobre el asunto en la demanda y la contestación, el Juez requerirá al demandante para que fije la cuantía, concediéndole al efecto un plazo no superior a diez días
C. Si por no haber expuesto las partes su parecer sobre la cuantía en la demanda y contestación, el demandante fuera requerido para fijar la cuantía, transcurrido el plazo dado sin haberlo realizado se estará a la que fije el Secretario judicial, previa audiencia del demandado
D. No hay ninguna respuesta incorrecta
A. No superior a diez días
B. No superior a quince días
C. No superior a siete días
D. No superior a cinco días
A. Se estará a la que fije el Secretario Judicial, previa audiencia del demandado
B. Se fijará por el Juez en sentencia
C. Se estará a la que fije el Secretario Judicial, sin más trámites
D. Se fijará por el Juez a continuación
A. Por el Secretario judicial se acordará que se entregue al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de veinte días
B. Por el Juez o Tribunal se acordará que se entregue al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de veinte días
C. Por el Secretario judicial se acordará que se entregue al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de treinta días
D. Por el Juez o Tribunal se acordará que se entregue al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de treinta días
A. 20 días
B. 10 días
C. 9 días
D. 5 días
A. La entrega del expediente para interponerla se efectuará en original o copia
B. La entrega del expediente para interponerla se efectuará por entrega del original
C. La entrega del expediente para interponerla se efectuará mediante copia
D. Ninguna es correcta
A. Cuando los recurrentes fuesen varios, y aunque no actuasen bajo una misma dirección, la demanda se formulará simultáneamente por todos ellos
B. Cuando los recurrentes fuesen varios, si actuasen bajo una misma dirección, la demanda se formulará simultáneamente por todos ellos, en caso contrario se dará traslado para interponerla sucesivamente
C. Cuando los recurrentes fuesen varios se dará traslado para interponer la demanda sucesivamente
D. Cuando los recurrentes fuesen varios deberá iniciarse un procedimiento distinto para cada uno de ellos
A. El Juzgado o Sala, de oficio, declarará por auto la caducidad del recurso
B. El Letrado de la Administración de Justicia, de oficio, declarará por decreto la caducidad del recurso
C. El Juzgado o Sala, a instancia del demandado, declarará por auto la caducidad del recurso
D. El Letrado de la Administración de Justicia, a instancia del demandado, declarará por decreto la caducidad del recurso
A. Si, porque se tramitan como procedimiento abreviado todos aquellos asuntos cuya cuantía no supere los 30.000 euros
B. Si, cuando se trate de alguna de las materias que el artículo 78 establece que se tramiten como procedimiento abreviado
C. No se tramitaría como procedimiento abreviado
D. No se tramitaría como procedimiento abreviado, salvo que la cuantía hubiera sido inferior a 10.000 euros
A. Veinte días desde la fecha del acuerdo
B. Seis meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución
C. Veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución
D. Dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución
A. Dos meses a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto
B. Veinte días a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto
C. Cuatro meses a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto
D. Seis meses a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto
A. Inadmisibilidad
B. Estimación
C. Desestimación
D. Ninguna es correcta
A. Artículo 78
B. Artículo 58
C. Artículo 10
D. Artículo 102
A. Contra las providencias y los autos no susceptibles de apelación o casación
B. Contra los autos que resuelvan los recursos de reposición y los de aclaración
C. Ambas son correctas
D. Ninguna es correcta
A. Cinco días improrrogables
B. Tres días prorrogables por otros tres días, siempre que exista justicia causa a juicio del tribunal o juzgado
C. Cinco días improrrogables, si bien se admite el escrito de interposición si se presenta dentro del día en que se notifique el auto que declara la caducidad del derecho
D. Tres días improrrogables, si bien se admite el escrito de interposición si se presenta al día siguiente a aquél en que se notifique el decreto que declare la caducidad del derecho
A. Cinco días
B. Tres días
C. Dos días
D. Diez días
A. El de interposición es de 5 días, el del traslado a las demás partes para impugnarlo es de 5 días y el de resolución es de 3 días
B. El de interposición es de 5 días, el del traslado a las demás partes para impugnarlo es de 5 días y el de resolución es de 5 días
C. El de interposición es de 5 días, el del traslado a las demás partes para impugnarlo es de 3 días y el de resolución es de 3 días
D. El de interposición es de 5 días, el del traslado a las demás partes para impugnarlo es de 3 días y el de resolución es de 5 días