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Gestión Procesal (Promoción Interna)

Las funciones generales que se deben desempeñar en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa se basan en la actividad procesal de nivel superior, así como tareas procesales propias y otras funciones concretas.

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Lista de aprobados

Proceso selectivo para el acceso por promoción interna al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de JusticiaOrden JUS/403/2019, de 21 de marzo

Plazas en última convocatoria

Ámbito territorial

Sistema general

Reserva personas

con discapacidad

Andalucía.

51

4

Aragón.

5

0

Asturias.

3

0

Canarias.

29

2

Cantabria.

1

0

Cataluña.

112

8

Comunidad Valenciana.

30

3

Galicia

7

1

La Rioja.

1

0

Madrid.

48

4

Navarra.

7

0

País Vasco.

12

1

Ministerio de Justicia.

105

9

 Total.

411

32

Tema 1. Cuestiones generales sobre el proceso civil: Las partes en el proceso civil: Capacidad procesal y capacidad para ser parte. Pluralidad de partes. Litisconsorcio activo y pasivo, su tratamiento procesal.

Tema 2. La representación y sus clases. Legitimación en el proceso civil. Asistencia letrada y representación procesal, estatuto jurídico, derechos y deberes. Intervención no preceptiva de estos profesionales. La intervención en los procesos civiles del Ministerio Fiscal y del Abogado del Estado.

Tema 3. Jurisdicción y competencia. Acumulación de acciones y de procedimientos, concepto. La tramitación de las cuestiones de jurisdicción y competencia. La competencia de los Tribunales Civiles: Objetiva, funcional y territorial, los fueros legales disponibles e indisponibles. Concepto y tramitación.

Tema 4. La Justicia de Paz. Organización y competencias, elección del Juez, la figura del Secretario del Juzgado de Paz. La justicia de paz en el ámbito de la cooperación jurisdiccional y en los procesos civiles y penales atribuidos a dichos Juzgados. Sistema de recursos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz. Las Agrupaciones de las Secretarías de los Juzgados de Paz.

Tema 5. Los procedimientos declarativos en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000: Diligencias preparatorias, diligencias preliminares. Conciliación. Averiguación de hechos, aseguramiento y práctica anticipada de la prueba.

Tema 6. Procesos especiales: Procedimientos para la división judicial de patrimonios: A) De la división de la herencia. B) Procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial.

Tema 7. Procesos especiales: El proceso monitorio. Concepto y características. Casos en que procede. Competencia. Procedimiento: Petición inicial y documentos. Admisión. Requerimiento de pago y posibles conductas del demandado. La transformación del procedimiento. La cosa juzgada. El proceso monitorio europeo. El juicio cambiario. Concepto y características. Naturaleza. Casos en que procede. Competencia. Procedimiento. La sentencia sobre la oposición y su eficacia.

Tema 8. Los procesos matrimoniales y sus clases. Competencia. Procedimientos: a) nulidad, separación y divorcio contenciosos; b) separación o divorcio de mutuo acuerdo. Referencia a las crisis de las uniones estables de pareja. Medidas Provisionales. Medidas definitivas. Ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre medidas. Los procesos especiales: Características comunes. El proceso especial para la incapacitación de las personas: Competencia; legitimación; personación del demandado; especialidades procedimentales; la Sentencia. La reintegración de la capacidad y la modificación del alcance de la sentencia de incapacidad.

Tema 9. Procedimientos de jurisdicción voluntaria: la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Disposiciones generales y normas comunes en materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas. Expedientes en materia de familia. Expedientes relativos al Derecho sucesorio. Expedientes relativos al Derecho de obligaciones. Expedientes relativos a los derechos reales. Expedientes de subastas voluntarias. Expedientes en materia mercantil. La conciliación.

Tema 10. Los recursos. Concepto. Clases de recursos. Efectos de los recursos y de su desistimiento. El depósito para recurrir. Los recursos de reposición y d revisión. El recurso de queja. El recurso de apelación. Apelación y segunda instancia; el derecho a la segunda instancia. Resoluciones contra las que procede apelación. Sustanciación del recurso. Oposición a la apelación e impugnación de la sentencia. La prueba en la apelación.

Tema 11. Los recursos extraordinarios. El recurso por infracción procesal. Resoluciones recurribles. Motivos del recurso. Procedimiento. Consecuencias de la estimación del recurso. El recurso de casación. Características. Resoluciones recurribles. Motivos de recurso. Objeto y efectos del recurso. Competencia. Procedimiento. El recurso en interés de la Ley. Resoluciones recurribles. Motivos del recurso. Legitimación. Competencia. Procedimiento. Efectos. Medios de rescisión de las sentencias firmes. La audiencia al demandado rebelde. La revisión de las sentencias firmes.

Tema 12. La ejecución forzosa. El papel del Letrado de la Administración de Justicia en la ejecución. El título ejecutivo y sus clases: Judiciales y no judiciales; españoles y extranjeros. Ejecución de resoluciones extranjeras. Breve referencia al Título Ejecutivo Europeo. La demanda ejecutiva. Tribunal competente. Orden general de ejecución y despacho de la ejecución. Acumulación de ejecuciones. Oposición a la ejecución. Suspensión de la ejecución. Ejecución provisional. Concepto y naturaleza. Presupuestos. Despacho de la ejecución. Oposición a la ejecución provisional. Revocación o confirmación de la sentencia provisionalmente ejecutada.

Tema 13. Ejecución dineraria. Supuestos en que procede. Integración del título. Requerimiento de pago. Embargo de bienes. Reembargo. Tercería de dominio.

Tema 14. El procedimiento de apremio. Valoración de los bienes embargados. La subasta de los bienes trabados. Alternativas a la subasta judicial: El convenio de realización y la realización por persona o entidad especializada. La administración para pago. Tercería de mejor derecho. Especialidades de la ejecución sobre bienes hipotecados, pignorados o con garantía real.

Tema 15. Ejecuciones no dinerarias. Ejecuciones de dar, de hacer y de no hacer. Determinación de frutos y rentas. Liquidación de daños y perjuicios. Ejecución de sentencias que llevan aparejada la entrega de la posesión de un inmueble, especial referencia a las sentencias de ejecución de desahucios.

Tema 16. Las medidas cautelares: Concepto. Tipos de medidas cautelares. Tramitación con audiencia y sin audiencia al demandado. Oposición a las medidas cautelares. Ejecución de las medidas cautelares. Caución y caución sustitutoria.

Tema 17. Costas y gastos procesales. La condena en costas. La tasación de costas. La impugnación de las costas. Los intereses y su liquidación. La tasa judicial. Pagos, depósitos y consignaciones judiciales. Ingresos en el Tesoro Público. La Asistencia Jurídica Gratuita.

Tema 18. El Registro Civil: legislación vigente. La función registral. Contenido del Registro Civil: hechos inscribibles. La organización del Servicio Registral. Los Registros Ordinarios y los Registros Delegados. El Registro Civil Central. Competencia de los Registros Civiles.

Tema 19. Diferentes tipos de asientos registrales. Las inscripciones. Las anotaciones. Las notas marginales. Los asientos de cancelación. Reglas formales para la práctica de los asientos. La inscripción de nacimiento. El matrimonio y su inscripción. La inscripción de defunción. La tutela y demás representaciones legales.

Tema 20. La rectificación del registro por vía de expedientes gubernativo o judicial. Los expedientes registrales: Naturaleza jurídica y competencia. Principios rectores y normas generales del procedimiento. Régimen de los recursos y de la ejecución. La publicidad del Registro Civil: Publicidad material y formal. Eficacia probatoria de los asientos registrales. Impugnación de la presunción de exactitud registral. La publicidad formal: certificaciones, libros de familia y notas informativas.

Tema 21. El sistema procesal penal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Principio del juez imparcial, separación de instrucción y enjuiciamiento. Principios del proceso penal. Competencia objetiva y funcional. Aforamientos y privilegios procesales. Inmunidad de jurisdicción. La competencia territorial. La inhibición de oficio y a instancia de parte; cuestiones de competencia territorial.

Tema 22. Las partes en el proceso penal: Ministerio Fiscal; acusador particular; perjudicado y acción popular; acusador privado. El ejercicio de la acción penal: de oficio o a instancia de parte. Denuncia; querella; atestado. Extinción de la acción penal: especial referencia a la renuncia. El ejercicio de la acción civil: El actor civil. El ofrecimiento de acciones. Extinción de la acción civil. El investigado o encausado. La rebeldía. El responsable civil. Representación y defensa de las partes. Defensa de oficio y beneficio de justicia gratuita.

Tema 23. Las medidas cautelares personales en el proceso penal. La citación judicial. La detención. La prisión provisional. La libertad provisional. Las fianzas en el proceso penal. Medidas limitadoras de derechos fundamentales: Pruebas biológicas; entrada y registro en lugar cerrado; intervención de comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas e informáticas. Especial mención a las entregas controladas y a la figura del agente encubierto.

Tema 24. La prueba en el proceso penal. Medios de prueba. Proposición, admisión o denegación; prueba anticipada; proposición en el acto del juicio; prueba acordada «ex officio». El juicio oral. La suspensión del juicio oral: causas y consecuencias.

Tema 25. El proceso ante el Tribunal del Jurado. Competencia. Composición y constitución del Jurado: Estatuto jurídico de los jurados; su selección. La fase de instrucción y la fase intermedia. La fase de juicio oral: Trámites precedentes: Designación del Magistrado-Ponente; cuestiones previas; auto de hechos justiciables; celebración del juicio oral: La vista; suspensión del juicio oral. Posible disolución del Jurado: Sus causas. El veredicto: Determinación del objeto del veredicto, deliberación y veredicto; instrucción a los jurados; deliberación y votación; acta. Sentencia.

Tema 26. La tutela judicial ante los Juzgados de violencia sobre la mujer. Especialidades procesales. Pérdida de la competencia objetiva de los juzgados civiles cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas.

Tema 27. El procedimiento de Responsabilidad Penal del Menor. Principios reguladores. Las fases del procedimiento. Sentencia y régimen de recursos. Principios generales en la ejecución de las medidas.

Tema 28. Régimen general de recursos en el proceso penal. Los recursos no devolutivos: Reforma y súplica. Recursos devolutivos: La apelación en el proceso ordinario y en el procedimiento abreviado; El recurso de queja contra la inadmisión de otro recurso y como sustitutivo de la apelación. El recurso de casación penal. La revisión penal. El recurso de rescisión de la sentencia dictada contra reos ausentes. Los recursos contra las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia.

Tema 29. La ejecución de sentencias penales. Los Juzgados y Tribunales sentenciadores; Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Administración Penitenciaria: sus respectivas funciones. Recursos contra las resoluciones de la Administración Penitenciaria y de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Tasación de costas. La ejecución civil en el proceso penal.

Tema 30. Recurso contencioso-administrativo: Capacidad procesal, legitimación, representación y defensa. Actos impugnables.

Tema 31. Recurso contencioso-administrativo: Diligencias preliminares. Interposición del recurso y reclamación del expediente. Emplazamiento de los demandados y admisión del recurso.

Tema 32. Disposiciones comunes a los procedimientos contencioso-administrativos: Plazos. Medidas cautelares. Incidentes e invalidez de actos procesales. Costas procesales. Ejecución de sentencias.

Tema 33. El proceso laboral: Principios que lo informan. Competencia objetiva y territorial. Cuestiones de competencia. Representación y defensa en el procedimiento laboral. El Fondo de Garantía Salarial. Justicia gratuita.

Tema 34. La evitación del proceso: Conciliación previa y reclamación administrativa previa. El proceso ordinario: demanda, conciliación y juicio. Recursos: De suplicación y de casación para la unificación de doctrina; disposiciones comunes a ambos recursos.

Tema 35. El Concurso de acreedores. Concepto de concurso: sus clases, la competencia objetiva y territorial. El administrador concursal. Aspectos procesales: Procedimiento ordinario y procedimiento abreviado; las secciones del concurso; el incidente concursal. Los recursos.

Sistema de concurso-oposición.

  Está fijado que el proceso selectivo se realice en un único ejercicio obligatorio, que se realizará en todas las sedes en la misma fecha.

Se trata de una prueba de carácter escrito y con función eliminatoria, que se compone de:

- Cuestionario tipo test de 100 preguntas con cuatro opciones de respuesta de las cuales sólo una es la correcta. (Todas las preguntas se basan en contenidos teóricos o prácticos de las materias del programa).

- Tendrá una duración de 90 minutos.
- El resultado se valorará de 0 a 100 puntos. Las preguntas acertadas sumarán 1 punto; las preguntas falladas y las respuestas múltiples descontarán 0,5 puntos, mientras que las preguntas no contestadas no serán puntuadas.
- La puntuación final, obtenida por cada aspirante será la del número de respuestas acertadas, restando la puntuación de las no acertadas.

El cuestionario fijado por el Tribunal tendrá 104 preguntas: las 100 primeras serán las evaluables, mientras que las 4 últimas serán las preguntas de reserva.

Será requisito fundamental haber superado la fase de oposición para poder acceder a la fase de concurso. En la fase de concurso valorarán los siguientes méritos:

A. Títulos y grados académicos, que formen parte del sistema educativo español:

10 puntos por estar en posesión de la Licenciatura o Grado en Derecho
7 puntos por estar en posesión de tres cursos completos de la Licenciatura o Grado en Derecho
5 puntos por estar en posesión de otra Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, Grado o Máster oficial
2 puntos por estar en posesión de otras Diplomaturas, Ingenierías o Arquitecturas Técnicas.

La puntuación máxima de este apartado será 10 puntos.

B. Historial profesional.

B.1 Cursos de formación, realizados en los últimos diez años. Se puntuará de la siguiente manera:

– Cursos de entre 11 y 29 horas: 1 punto.
– Cursos de entre 30 y 59 horas: 2 puntos.
– Por cada curso de 60 o más horas: 3 puntos.

Importante: no se valorarán los cursos en los que no conste el número de horas o los cursos de 10 o menos horas lectivas. Al igual que diplomas o cursos propios de la enseñanza del sistema educativo, entre otros.

B.2 Cursos de formación en informática, realizados en los últimos diez años. Puntuarán los cursos de la siguiente forma:

– Cursos de entre 11 y 29 horas: 1 punto.
– Cursos de entre 30 y 59 horas: 2 puntos.
– Por cada curso de 60 o más horas: 3 puntos.

Importante: todos aquellos cursos de igual o similar contenido sólo se valorarán una única vez. Tampoco serán contabilizados aquellos cursos en los que no conste el número de horas realizadas o con 10 o menos horas lectivas, o los que no conste su aprovechamiento.

La puntuación máxima en el apartado B será de 10 puntos:

Máximo 6 puntos en el apartado B-1.
Máximo 4 puntos en el apartado B-2.

C. Conocimiento de idiomas extranjeros. Sólo tendrán valor los títulos de exámenes oficiales del Marco Europeo, la puntuación se vslorará de la siguiente manera:

Nivel C1 y C2: 2 puntos.
Nivel B1 o B2: 1 punto.
No puntúan los conocimientos de nivel básico o elemental.

La puntuación máxima total por este apartado será de 3 puntos.

D. Por haber realizado alguno de los ejercicios de las convocatorias de los años 2015 y 2016 del mismo Cuerpo, y habiendo obtenido una puntuación superior al 50%. En este apartado la puntuación máxima será de 10 puntos.

E. Por realizar trabajos como titular, sustituto o interino en los Cuerpos de la Administración de Justicia o como personal laboral de esta Administración, a partir del 1 de enero de 2004. En este apartado la puntuación máxima será de 34 puntos, pero sólo se tendrán en cuenta los meses trabajados completos.

Para poder optar al puesto de Tramitación Procesal y Administrativa será necesario cumplir los requisitos requisitos:

- Poseer el título de Bachiller o de Técnico equivalente.
- Ser funcionario de carrera en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
- Tener una antigüedad de dos años como mínimo en dicho Cuerpo, ya sea como funcionario titular, interino o sustituto.

Las funciones generales que se deben desempeñar en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa se basan en la actividad procesal de nivel superior, así como tareas procesales propias. Además se deben realizar unas funciones concretas:

a) Gestionar la tramitación de los procedimientos.

b) Practicar y firmar las comparecencias.

c) Documentar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera.

d) Extender las notas para unir a un procedimiento.

e) Tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos.

f) Expedir copias simples de escritos y documentos.

g) Ocupar las jefaturas para gestionar la distribución de tareas del personal.

h) Realizar funciones de gestión de personal y medios materiales.

i) Desempeñar la Secretaría de la Oficina judicial de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz.

j) Funciones para asumir la protección y apoyo a las víctimas.

k) Realizar todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan.

Si se cumplen los requisitos necesarios, los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa podrán ser nombrados como Letrados de la Administración de Justicia sustitutos.

La nota de corte se establece con la puntuación máxima obtenida, el 50% de esta nota será la nota mínima necesaria para superar el ejercicio.

El salario bruto mensual, sin contar trienios y pagas extras, puede oscilar entre 1.800 y 2.900 euros dependiendo de variables como:

Órgano de destino
Ámbito territorial
Guardias
Otros complementos o prolongaciones de jornada

Si tienes más dudas sobre tu oposición, ponte en contacto con nosotros.

¿Qué tipo de preguntas tenemos?

A. La ley
B. La costumbre
C. Los principios generales del derecho
D. Todas son fuentes del derecho español
A. En defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales
B. En defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos laborales
C. En defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos militares
D. Todas son correctas
A. Contencioso-administrativos
B. Laborales
C. Militares
D. Serán de aplicación supletoria en todos ellos
A. Ley de Enjuiciamiento Civil
B. Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
C. Código Civil
D. Ninguna de ellas
A. La condena a determinada prestación
B. La declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas
C. La constitución, modificación o extinción de situaciones jurídicas
D. Se podrán pretender todas ellas
A. Quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, pudiendo tener legitimación en los casos en que por ley se les atribuya personas distintas del titular
B. Quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, no pudiendo en ningún caso tener legitimación personas distintas del titular
C. Quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, pudiendo tener legitimación en los procedimientos especiales establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil personas distintas del titular
D. Ninguna es correcta
A. No, sin perjuicio de la legitimación individual de los concretos perjudicados
B. Si, pueden intervenir en todo tipo de procesos en defensa de cualquier interés legítimo, pero únicamente cuando afecte a una pluralidad indeterminada de usuarios o de difícil determinación
C. Si, para la defensa de los derechos e intereses de sus asociados, de la asociación y los generales de los consumidores y usuarios
D. Si, pero su ámbito de legitimación abarca sólo la defensa de los derechos e intereses de sus asociados y de la asociación de que se trate
A. Los derechos e intereses de sus asociados
B. Los derechos e intereses de su asociación
C. Los intereses generales de los consumidores y usuarios
D. Todas son correctas
A. Las asociaciones de consumidores y usuarios
B. A las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de los consumidores y usuarios
C. A los grupos de afectados
D. A los sindicatos
A. A las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, así como a los propios grupos de afectados
B. A las asociaciones de consumidores y usuarios y al Defensor del Pueblo
C. A las asociaciones de consumidores y usuarios, así como a los propios grupos de afectados
D. Únicamente a los propios grupos de afectados
A. La extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles españoles se determinará por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte
B. Los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando se haya formulado demanda o solicitado ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución de conformidad con la legislación española y las normas de Derecho Internacional Público
C. Los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando, en virtud de un tratado o convenio internacional en el que España sea parte, el asunto se encuentre atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado
D. Todas son correctas
A. Contencioso-administrativo
B. Civil
C. Laboral
D. Penal
A. Se acordará de oficio, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, tan pronto como sea advertida
B. Se acordará de oficio, con audiencia de las partes, tan pronto como sea advertida
C. Se acordará de oficio, con audiencia de las partes personadas y del Ministerio Fiscal, tan pronto como sea advertida
D. No podrá acordarse de oficio
A. El demandado no podrá denunciar mediante declinatoria la falta de competencia internacional
B. Cuando el tribunal que conozca del asunto en segunda instancia o en trámite de recurso extraordinario por infracción procesal o de casación entienda que el tribunal ante el que se siguió la primera instancia carecía de competencia objetiva, decretará la nulidad de todo lo actuado
C. El auto que declare la falta de competencia objetiva indicará la clase de tribunal al que corresponde el conocimiento del asunto
D. Quienes no tuvieren domicilio ni residencia en España podrán ser demandados en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional o en el de su última residencia en éste y, si tampoco pudiera determinarse así la competencia, en el lugar del domicilio del actor
A. El tribunal civil, mediante providencia, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal
B. El tribunal civil, mediante auto, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal
C. El tribunal civil, mediante providencia, tras oír a las partes declarará la falta de jurisdicción inhibiéndose ante el juzgado de instrucción correspondiente
D. El tribunal civil, mediante auto, tras oír a las partes declarará la falta de jurisdicción inhibiéndose ante el juzgado de instrucción correspondiente
A. En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz
B. En cada municipio con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz
C. En cada agrupación de municipios donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz
D. En cada agrupación de municipios con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz
A. En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz
B. En cada municipio con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz
C. En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá uno o varios Juzgados de Paz
D. En cada municipio con jurisdicción en el término correspondiente, habrá uno o varios Juzgados de Paz
A. Si, la Ley Orgánica del Poder Judicial lo permite
B. No, en ningún caso
C. Si, cuando se trate de municipios de población inferior a dos mil habitantes
D. Si, cuando este a cargo de la misma un Letrado de la Administración de Justicia
A. Podrá existir una sola Oficina judicial para varios juzgados de Paz
B. No podrá existir una sola Oficina judicial para varios Juzgados de Paz
C. Podrá existir una sola Oficina judicial para varios juzgados de Paz cuando se trate de municipios de menos de 7000 habitantes
D. Podrá existir una sola Oficina judicial para varios juzgados de Paz cuando se trate de municipios de menos de 3000 habitantes
A. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un periodo de cuatro años
B. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un periodo de cinco años
C. Los Jueces de Paz serán nombrados para un periodo de cuatro años y sus sustitutos para un periodo de dos años cada uno
D. Los Jueces de Paz serán nombrados para un periodo de cinco años y no se nombrarán sustitutos salvo que fuera necesario
A. Mediante solicitud de que la persona a la que se pretende demandar exhiba la cosa que tenga en su poder y a la que se haya de referir el juicio
B. Por petición de un socio o comunero para que se le exhiban los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, dirigida a éstas o al consocio o condueño que los tenga en su poder
C. Por petición del que se considere heredero, coheredero o legatario, de exhibición, por quien lo tenga en su poder, del acto de última voluntad del causante de la herencia o legado
D. Todas son correctas
A. La petición de que la persona a quien se dirigiría la demanda declare, bajo juramento o promesa de decir verdad, sobre algún hecho relativo a su capacidad, representación o legitimación, cuyo conocimiento sea necesario para el pleito
B. La petición del que se considere perjudicado por un hecho que pudiera estar cubierto por seguro de responsabilidad civil, de que se exhiba el contrato de seguro por quien lo tenga en su poder
C. La petición de quien pretenda iniciar un proceso para la defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios al objeto de concretar a los integrantes del grupo de afectados cuando, no estando determinados, sean fácilmente determinables
D. Todas ellas lo son
A. Pueden solicitarlas al juez que conoce del asunto principal tanto el demandante como el demandado
B. Deben solicitarse con la demanda
C. La persona requerida para la práctica de las diligencias preliminares no puede oponerse a ellas, si bien podrá formular protesta para hacerla valer en segunda instancia
D. El solicitante ofrecerá caución para responder tanto de los gastos como de los daños y perjuicios que se pudieren causar a la persona requerida
A. Los gastos que se ocasionen a las personas que hubieren de intervenir en las diligencias serán a cargo del solicitante de las diligencias preliminares
B. Al pedir diligencias preliminares el solicitante ofrecerá caución para responder tanto de los gastos, pero no de los daños y perjuicios
C. La caución se perderá, si, transcurridos veinte días desde la terminación de las diligencias, dejare de interponerse la demanda, sin justificación suficiente, a juicio del tribunal
D. Todas son correctas
A. Del solicitante de las diligencias preliminares
B. Del demandado en el procedimiento civil que se inicie tras las diligencias preliminares
C. Del Estado
D. De las personas que hubieren de intervenir
A. Por el testador o por el Letrado de la Administración de Justicia
B. Únicamente por el Letrado de la Administración de Justicia
C. Por el testador o por acuerdo entre los coherederos
D. Por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por el Letrado de la Administración de Justicia o el Notario
A. El certificado de defunción
B. El documento que acredite la condición de heredero o legatario del solicitante
C. El documento que acredite la no existencia de acreedores sobre la herencia
D. Todos son documentos que deben acompañar a la solicitud
A. Cualquier coheredero
B. Cualquier legatario de parte alícuota
C. Los acreedores reconocidos como tales en el testamento
D. Todos ellos podrán
A. Los acreedores no podrán instar la división, aunque podrán ejercitar las acciones que les correspondan contra la herencia o los coherederos en el juicio declarativo que corresponda, sin suspender las actuaciones de división de la herencia
B. Los acreedores no podrán instar la división, aunque podrán ejercitar las acciones que les correspondan contra la herencia o los coherederos en el juicio declarativo que corresponda, suspendiéndose en tal caso las actuaciones de división de la herencia
C. Los acreedores podrán instar la división judicial de la herencia
D. Los acreedores podrán instar la división judicial de la herencia si están reconocidos en el testamento
A. Los acreedores no podrán instar la división, aunque podrán ejercitar las acciones que les correspondan contra la herencia o los coherederos en el juicio declarativo que corresponda
B. Los acreedores no podrán instar la división, aunque podrán ejercitar las acciones que les correspondan contra la herencia o los coherederos dentro del procedimiento de división de herencia
C. Los acreedores no podrán instar la división, aunque podrán ejercitar las acciones que les correspondan contra la herencia o los coherederos formándose una pieza separada en el procedimiento de división de herencia
D. Los acreedores podrán instar la división
A. Nunca se precisa la intervención de abogado y procurador
B. Siempre se necesita intervención de abogado y procurador
C. Siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2000 euros
D. Siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 900 euros
A. No existe cantidad máxima
B. Seis mil euros
C. Trescientos mil euros
D. Seiscientos mil euros
A. Mediante documentos firmados por el acreedor, cualquiera que sea su forma y clase y el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el acreedor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica
B. Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor
C. Cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles rústicos o urbanos
D. En todos los casos citados puede acudirse al procedimiento monitorio
A. El pago de deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible
B. El pago de deuda dineraria cuyo importe no sea superior a 300.000 euros, líquida, determinada, vencida y exigible
C. El pago de deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada y exigible desde el momento en que falten dos meses para su vencimiento
D. El pago de deuda dineraria cuyo importe no sea superior a 300.000 euros, líquida, determinada y exigible una vez haya transcurrido el plazo de dos meses desde su vencimiento
A. Cabe la sumisión tácita pero nunca la sumisión expresa
B. Si el domicilio o residencia son conocidos será exclusivamente competente para el proceso monitorio el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor
C. En los procesos monitorios de reclamación de deudas de comunidades de propietarios será siempre competente el lugar en donde se halle la finca
D. Si, tras la realización de las correspondientes averiguaciones por el Letrado de la Administración de Justicia sobre el domicilio o residencia, éstas son infructuosas o el deudor es localizado en otro partido judicial, dictará decreto dando por terminado el proceso
A. El Juzgado del domicilio del demandado
B. El Juzgado del domicilio del demandante
C. El Juzgado de domicilio del demandado o del demandante, a elección de éste
D. El Juzgado del menor que pueda verse afectado por la impugnación de la filiación
A. Dará cuenta al Tribunal para que resuelva sobre la inadmisión de la misma por tratarse de documentos que deben presentarse con la demanda conforme al artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
B. Concederá a la parte actora un plazo para subsanar la demanda
C. Admitirá a trámite la demanda y requerirá a la parte actora para que aporte dichos documentos el día de la vista
D. Dictará decreto inadmitiendo a trámite la demanda
A. Procesos sobre capacidad de las personas
B. Procesos sobre nulidad matrimonial
C. Procesos sobre derecho al honor, a la intimidad y la propia imagen
D. Ninguna es correcta
A. En un procedimiento de paternidad
B. En un procedimiento de impugnación de la filiación
C. En un procedimiento matrimonial
D. Podrá hacerlo en todos los casos citados
A. Presentar una demanda ejecutiva precisando, en su caso, la cantidad que se reclame conforme lo dispuesto en el artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
B. Presentar un escrito al Juzgado
C. Hacer una comparecencia ante el gestor del Juzgado que lleve el procedimiento
D. Presentar una denuncia penal al primer incumplimiento
A. Todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso
B. Todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil, mercantil y administrativo sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso
C. Todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil
D. Todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil, mercantil y administrativo
A. Todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional o de un Notario para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso
B. Todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho laboral, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso
C. Todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso
D. Todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, cuando exista controversia
A. Los Juzgados de Primera Instancia
B. Los Juzgados de lo Mercantil
C. Las Audiencias Provinciales
D. Todos ellos tienen competencia
A. Los Juzgados de Primera Instancia
B. Los Juzgados de lo Mercantil
C. Los Juzgados de Paz
D. Todos pueden conocer de dichos actos
A. Los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de lo Mercantil
B. Los Juzgados de lo Mercantil
C. Los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Paz
D. Los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de lo Contencioso-administrativo
A. Recurso en interés de ley
B. Recurso de reposición
C. Recurso de reforma
D. Recurso de apelación
A. Recurso en revisión
B. Recurso de reposición
C. Recurso de suplicación
D. Recurso de apelación
A. Dictará auto absteniéndose de conocer previa audiencia de las partes personadas por plazo común de diez días
B. Dictará decreto absteniéndose de conocer previa audiencia de las partes personadas por plazo común de diez días
C. Dictará auto absteniéndose de conocer previa audiencia de las partes personadas por plazo común de cinco días
D. Dictará decreto absteniéndose de conocer previa audiencia de las partes personadas por plazo común de cinco días
A. De cinco días, para la correcta interposición o anuncio del recurso que se añadirán al plazo legalmente previsto para dichos trámites
B. De cinco días, para la correcta interposición o anuncio del recurso que no se añadirán al plazo legalmente previsto para dichos trámites
C. De diez días, para la correcta interposición o anuncio del recurso que se añadirán al plazo legalmente previsto para dichos trámites
D. De diez días, para la correcta interposición o anuncio del recurso que no se añadirán al plazo legalmente previsto para dichos trámites
A. Al de la notificación de la resolución que se recurre
B. Al de la notificación de su aclaración
C. Al de la notificación de la denegación de la aclaración
D. Al de la última notificación de la resolución que se recurre
A. Se tendrá por inadmitido el recurso de casación
B. Se tendrá por inadmitido el recurso extraordinario por infracción procesal
C. Se inadmitirán ambos
D. Se admitirán ambos, quedando en suspenso la resolución del recurso de casación hasta que se resuelva el interpuesto por infracción procesal
A. No se admitirá de nuevo este recurso extraordinario si no se fundara en infracciones y cuestiones diferentes de la que fue objeto del primer recurso
B. Se admitirá únicamente recurso de casación
C. Se admitirá nuevo recurso extraordinario por infracción procesal, pero no se admitirá recurso extraordinario de casación
D. Sólo se admitirá recurso en interés de ley
A. Las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia contra sentencias y autos dictados por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia
B. Las Salas de lo Civil del Tribunal Supremo contra sentencias y autos dictados por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia
C. Las Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia
D. Las Salas de lo Civil del Tribunal Supremo contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia
A. Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia
B. Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir indefensión
C. Vulneración de derechos fundamentales excepto el reconocido en el artículo 24 de la Constitución
D. Puede fundarse en todo ello
A. Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia
B. Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir indefensión
C. Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva, funcional o territorial
D. Puede fundarse en todo ello
A. Las sentencias declarativas firmes
B. Los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, no elevados a escritura pública
C. Ambas son correctas
D. Ninguna es correcta
A. Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio colegiado que las intervenga, con tal que se acompañe certificación en la que dicho corredor acredite la conformidad de la póliza con los asientos de su libro registro y la fecha de éstos
B. Los certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores, siempre que se acompañe copia de la escritura pública de representación de los valores o, en su caso, de la emisión, cuando tal escritura sea necesaria, conforme a la legislación vigente
C. Los títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas y los cupones, también vencidos, de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos y éstos, en todo caso, con los libros talonarios
D. Todas son correctas
A. Los acuerdos de mediación
B. Las segundas copias de escrituras públicas
C. Los títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas y los cupones, también vencidos, de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos y éstos, en todo caso, con los libros talonarios
D. Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio colegiado que las intervenga
A. Las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso, acompañadas, si fuere necesario para constancia de su concreto contenido, de los correspondientes testimonios de las actuaciones
B. Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio colegiado que las intervenga, con tal que se acompañe certificación en la que dicho corredor acredite la conformidad de la póliza con los asientos de su libro registro y la fecha de éstos
C. Las escrituras públicas con tal de que sean primera o segunda copia
D. Todas ellas tendrán aparejada ejecución
A. En los 2 años siguientes a la notificación de la resolución
B. En los 5 años siguientes a la firmeza de la resolución
C. En los 2 años siguientes a la firmeza de la resolución
D. En los 5 años siguientes a la notificación de la resolución
A. Prevalecerá la que conste en letras, en cualquier caso
B. Prevalecerá la que conste en números, en cualquier caso
C. Prevalecerá la que conste en letras si el título se ha emitido en territorio nacional
D. Prevalecerá la que conste en números si el título siempre que se haya pactado que la cantidad exigible en caso de ejecución será la resultante de la liquidación efectuada por el acreedor en la forma convenida
A. No será preciso, que sea líquida la cantidad que el ejecutante solicite por los intereses que se pudieran devengar durante la ejecución y por las costas que ésta origine
B. No será preciso, que sea líquida la cantidad que el ejecutante por las costas que la ejecución origine, pero si por los intereses y el principal
C. Será preciso, que sea líquida la cantidad que el ejecutante solicite por los intereses que se pudieran devengar durante la ejecución y por las costas que ésta origine
D. No será preciso, que sea líquida la cantidad que el ejecutante solicite por los intereses que se pudieran devengar durante la ejecución, aunque si por las costas que ésta origine
A. Efectuada por el acreedor en la forma convenida por las partes en el propio título ejecutivo, debiendo acreditar el acreedor haber notificado al ejecutado la cantidad exigible resultante de la liquidación
B. Efectuada por el acreedor en la forma convenida por las partes en el propio título ejecutivo, debiendo acreditar el acreedor haber notificado al ejecutado la cantidad exigible resultante de la liquidación si así se hubiera convenido
C. Efectuada por notario, debiendo acreditar el acreedor haber notificado al ejecutado la cantidad exigible resultante de la liquidación
D. Efectuada por notario, debiendo acreditar el acreedor haber notificado al ejecutado la cantidad exigible resultante de la liquidación si así se hubiera convenido.
A. Podrá despacharse ejecución por el importe del saldo resultante de operaciones derivadas de contratos formalizados en escritura pública sólo si el acreedor acredita haber notificado previamente al ejecutado y al fiador, si lo hubiere, la cantidad exigible resultante de la liquidación.
B. En caso de disconformidad entre distintas expresiones de cantidad en el título ejecutivo, prevalecerá la que conste con números
C. La cantidad prevista para intereses y costas, que se fijará provisionalmente, no podrá superar el 50 por 100 de la que se reclame en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de la posterior liquidación
D. Todas son correctas
A. El documento o documentos en que se exprese el saldo resultante de la liquidación efectuada por el acreedor
B. El documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidación en la forma pactada por las partes en el título ejecutivo
C. El documento que acredite haberse notificado al deudor y al fiador, si lo hubiere, la cantidad exigible
D. Todas son correctas
A. El ejecutante podrá pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que falte, y contra quienes proceda, y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda ejecución
B. El ejecutante podrá pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que falte, y contra quienes proceda, y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas de la ejecución hipotecaria
C. El ejecutante podrá pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que falte
D. El ejecutante podrá pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que falte salvo que así se hubiera pactado en la escritura de constitución de la hipoteca
A. La ejecución no se suspenderá por la cantidad que reste
B. La ejecución se suspenderá por la cantidad que reste
C. La ejecución concluirá en el estado en que se halle
D. Ninguna es correcta
A. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 65 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago
B. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 45 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago
C. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de diez años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 65 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago
D. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de diez años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 45 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago
A. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de diez años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 80 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago
B. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 80 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago
C. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de diez años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 70 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago
D. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 70 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago
A. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 65 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago
B. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 65 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero, aumentado en dos puntos hasta el momento del pago
C. Si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 65 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, sin incremento alguno
D. Ninguna es correcta, ya que el porcentaje correcto es de un 50 por cien
A. De 100 a 600 euros
B. Hasta 600 euros
C. De 200 a 2.000 euros
D. Ninguna
A. Cuando el título ejecutivo contuviera una obligación de hacer
B. Cuando el título ejecutivo contuviera una obligación de entregar una cantidad de dinero
C. Cuando el título ejecutivo contuviera una obligación de no hacer
D. No hay ninguna respuesta incorrecta
A. Se requerirá al ejecutado para que, dentro del plazo que el tribunal estime adecuado, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo
B. Se requerirá al ejecutado para que, dentro del plazo de veinte días, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo
C. Se requerirá al ejecutado para que, dentro del plazo de tres meses, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo
D. Se requerirá al ejecutado para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo
A. En el requerimiento, el tribunal podrá apercibir al ejecutado con el empleo de apremios personales o multas pecuniarias
B. En el decreto acordando las medidas ejecutivas concretas, el Letrado de la Administración de Justicia podrá apercibir al ejecutado con el empleo de apremios personales o multas pecuniarias
C. En el requerimiento, el tribunal deberá apercibir al ejecutado con el empleo de apremios personales o multas pecuniarias
D. En el decreto acordando las medidas ejecutivas concretas, el Letrado de la Administración de Justicia deberá apercibir al ejecutado con el empleo de apremios personales o multas pecuniarias
A. En el requerimiento, el tribunal podrá apercibir al ejecutado con el empleo de apremios personales o multas pecuniarias
B. Si el requerimiento para hacer, no hacer o entregar cosa distinta de una cantidad de dinero no pudiere tener inmediato cumplimiento, el Letrado de la Administración de Justicia, a instancia del ejecutante, podrá acordar las medidas de garantía que resulten adecuadas para asegurar la efectividad de la condena
C. Por el Letrado de la Administración de Justicia se acordará, en todo caso, cuando el ejecutante lo solicite, el embargo de bienes del ejecutado en cantidad suficiente para asegurar el pago de las eventuales indemnizaciones sustitutorias y las costas de la ejecución
D. No hay ninguna respuesta incorrecta
A. El demandante reconvenido, bajo su responsabilidad
B. Solo la parte demandante, bajo su responsabilidad y previa caución
C. Todo actor, principal o reconvencional, bajo su responsabilidad
D. Cualquiera de las partes en los procesos declarativos
A. El actor principal
B. El actor reconvencional
C. El demandado
D. El actor reconvencional y el demandado
A. No podrán en ningún caso ser acordadas de oficio por el tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto para los procesos especiales y tampoco podrá éste acordar medidas más gravosas que las solicitadas
B. No podrán en ningún caso ser acordadas de oficio por el tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto para los procesos especiales, aunque podrá éste acordar medidas más gravosas que las solicitadas
C. Podrán ser acordadas de oficio por el tribunal, pero no podrá éste acordar medidas más gravosas que las solicitadas
D. Podrán ser acordadas de oficio por el tribunal, pudiendo éste, igualmente, acordar medidas más gravosas que las solicitadas
A. Quien acredite ser parte de convenio arbitral con anterioridad a las actuaciones arbitrales
B. Quien acredite ser parte de un proceso arbitral pendiente en España
C. Quien, en un supuesto de arbitraje institucional, acredite haber presentado la debida solicitud a la institución correspondiente según su Reglamento
D. Todos ellos podrán
A. Quien acredite ser parte de un proceso jurisdiccional en un país extranjero
B. Quien acredite ser parte de un proceso arbitral en un país extranjero
C. Quien acredite ser parte de un proceso jurisdiccional en un país extranjero, así como quien acredite ser parte de un proceso arbitral en un país extranjero
D. Ninguna es correcta
A. Que el Letrado de la Administración de Justicia aprecia temeridad en la conducta del condenado en costas
B. Que el domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio
C. Ambas son correctas
D. Ninguna es correcta
A. Honorarios del Letrado
B. Derechos arancelarios del Procurador
C. Recibos de taxi para acudir a la vista del juicio
D. Depósitos necesarios para la presentación de recursos
A. Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas
B. Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso
C. Depósitos necesarios para la presentación de recursos
D. Ninguna es correcta
A. Honorarios de la defensa y de la representación técnica, en todo caso
B. Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos reclamados por el tribunal a registros y protocolos públicos
C. La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva
D. Todas son correctas
A. Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso
B. Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso
C. La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva
D. Ninguna es correcta
A. La ley 20/2011
B. La ley orgánica 40/2011
C. La ley 20/2015
D. La ley 30/2021
A. El Registro Civil es un registro público dependiente del Ministerio de Justicia
B. El Registro Civil tiene por objeto hacer constar oficialmente los hechos y actos que se refieren al estado civil de las personas
C. El contenido del Registro Civil está integrado por el conjunto de registros individuales de las personas físicas y por el resto de las inscripciones que se practiquen en el mismo conforme a la Ley
D. Todas son correctas
A. El Registro Civil es un registro público dependiente del Ministerio de Justicia
B. El Registro Civil es un registro público dependiente del Gobierno
C. El Registro Civil es un registro privado dependiente del Ministerio de Justicia
D. El Registro Civil es un registro privado dependiente del Gobierno
A. Todos los asuntos referentes al Registro Civil están encomendados a la Dirección General de los Registros y del Notariado
B. Todos los asuntos referentes al Registro Civil están encomendados a la Subdirección de los Registros y del Notariado
C. Sólo los asuntos referentes a inscripciones están encomendados a la Dirección General de los Registros y del Notariado
D. Sólo los asuntos referentes a inscripciones están encomendados a la Subdirección de los Registros y del Notariado
A. El Ministerio de Justicia y la Dirección General de los Registros y del Notariado
B. El Ministerio de Justicia y los Registradores de la Propiedad
C. El Ministerio de Justicia, únicamente
D. Ninguna es correcta
A. El documento auténtico, sea original o testimonio, sea judicial, administrativo, notarial o registral
B. El documento auténtico original sea judicial, administrativo, notarial o registral
C. El documento auténtico, sea original o testimonio, sea judicial o administrativo
D. El documento auténtico original sea judicial o administrativo
A. Si, cuando sean firmes
B. Si, pudiendo solicitarse la inscripción provisional cuando no sean firmes
C. No, debiendo en todo caso practicar la rectificación correspondiente
D. No hasta que se solicite y obtenga el correspondiente exequatur
A. Si, cuando sean firmes, debiendo practicarse la rectificación correspondiente cuando contradicen hechos inscritos
B. Si, aunque no sean firmes
C. Si, salvo cuando contradicen hechos inscritos
D. No, en ningún caso
A. Los documentos para practicar inscripciones deberán presentarse en soporte electrónico
B. Los documentos presentados en las Oficinas del Registro Civil y en las Oficinas Colaboradoras se custodiarán y conservarán en los términos establecidos por la normativa reguladora de esta materia para las Administraciones Públicas
C. Para practicar inscripciones sin expediente, en virtud de certificación de Registro extranjero, será necesario el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable para que tenga eficacia en España
D. No hay ninguna respuesta incorrecta
A. Las declaraciones en virtud de las cuales hayan de practicarse los asientos se consignarán en acta firmada por el funcionario competente de la Oficina General o Consular y por los declarantes, o bien mediante la cumplimentación del formulario oficialmente aprobado
B. Las declaraciones en virtud de las cuales hayan de practicarse los asientos se consignarán en acta firmada por el Encargado y por los declarantes, o bien mediante la cumplimentación del formulario oficialmente aprobado
C. Las declaraciones en virtud de las cuales hayan de practicarse los asientos se consignarán en acta firmada por el funcionario competente de la Oficina General o Consular y por los declarantes, no siendo válida la cumplimentación de formularios
D. Las declaraciones en virtud de las cuales hayan de practicarse los asientos se consignarán en acta firmada por el Encargado y por los declarantes, no siendo válida la cumplimentación de formularios
A. Los documentos cuya autenticidad le constare al Encargado del Registro
B. Los documentos que llegaren por vía oficial
C. Los documentos que llegaren por diligencia bastante
D. Todas son correctas
A. En el menor tiempo posible
B. En quince días
C. En tres días
D. En un mes
A. Dicha acta será título suficiente para proceder a la inscripción del hecho o acto con independencia del tiempo transcurrido desde el hecho y sin necesidad de incoar un expediente de inscripción fuera de plazo
B. Dicha acta será título suficiente para proceder a la inscripción del hecho o acto siempre que no hayan transcurrido más de diez años desde el hecho y sin necesidad de incoar un expediente de inscripción fuera de plazo
C. Dicha acta será título suficiente para proceder a la inscripción del hecho o acto con independencia del tiempo transcurrido desde el hecho, mediante la incoación de un expediente de inscripción fuera de plazo
D. Dicha acta será título suficiente para proceder a la inscripción del hecho o acto siempre que no hayan transcurrido más de diez años desde el hecho, mediante la incoación de un expediente de inscripción fuera de plazo
A. El Encargado
B. Cualquier funcionario
C. El Juez
D. El gestor procesal en todo caso
A. Se estará a lo que resulte del Registro
B. Se estará a lo que resulte de la certificación
C. Se estará a lo que resulte del Registro o de la certificación, a elección del inscrito
D. Ninguna es correcta
A. Conforme a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
B. Conforme a disposiciones de Leyes especiales
C. En virtud de sentencia dictada por el juez competente
D. Todas son correctas
A. Todas las Autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento penal
B. Todas las Autoridades
C. Sólo el Juez o Magistrado
D. Todos los funcionarios que intervengan en el procedimiento penal
A. Por regla general, se extiende a resolver, para sólo el efecto de la represión, las cuestiones civiles y administrativas prejudiciales propuestas con motivo de los hechos perseguidos, cuando tales cuestiones aparezcan tan íntimamente ligadas al hecho punible que sea racionalmente imposible su separación
B. Se extiende a resolver, para sólo el efecto de la represión, las cuestiones civiles y administrativas prejudiciales propuestas con motivo de los hechos perseguidos, en cualquier caso
C. No se extiende a resolver, para sólo el efecto de la represión, las cuestiones civiles y administrativas prejudiciales propuestas con motivo de los hechos perseguidos, en ningún caso
D. Se extiende a resolver, a todos los efectos, las cuestiones civiles y administrativas prejudiciales propuestas con motivo de los hechos perseguidos, en cualquier caso
A. El Tribunal de lo criminal suspenderá el procedimiento hasta la resolución de aquélla por quien corresponda; pero puede fijar un plazo, que no exceda de dos meses, para que las partes acudan al Juez o Tribunal civil o contencioso-administrativo competente
B. El Tribunal de lo criminal no suspenderá el procedimiento, pero puede fijar un plazo, que no exceda de dos meses, para que las partes acudan al Juez o Tribunal civil o contencioso-administrativo competente
C. El Tribunal de lo criminal suspenderá el procedimiento hasta la resolución de aquélla por quien corresponda; pero puede fijar un plazo, que no exceda de seis meses, para que las partes acudan al Juez o Tribunal civil o contencioso-administrativo competente
D. El Tribunal de lo criminal no suspenderá el procedimiento, pero puede fijar un plazo, que no exceda de seis meses, para que las partes acudan al Juez o Tribunal civil o contencioso-administrativo competente
A. Dos meses
B. Diez días
C. Un mes
D. Ocho días
A. De todo delito nace acción penal para el castigo del culpable y acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible
B. De todo delito nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible
C. De todo delito nace acción civil para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados
D. Ninguna es correcta
A. La restitución de la cosa
B. La reparación del daño
C. La indemnización de perjuicios causados por el hecho punible
D. Todas son correctas
A. La acción penal podrá ejercitarse por el Juez o Magistrado, en cualquier tipo de delito
B. La acción penal es pública
C. La acción penal podrán ejercitarla los cónyuges entre sí, en cualquier tipo de delito
D. La acción penal por delito o falta que dé lugar al procedimiento de oficio se extingue por la renuncia de la persona ofendida
A. El juez o magistrado
B. El que goce de la plenitud de sus derechos civiles
C. Los cónyuges por delito cometido por el uno contra la persona del otro o la de sus hijos, y por el delito de bigamia
D. El que hubiera sido condenado por sentencia firme como reo del delito de denuncia o querella calumniosa
A. El que goce de la plenitud de los derechos civiles
B. El que hubiera sido condenado dos veces por sentencia firme como reo del delito de denuncia o querella calumniosas cuando ejercite la acción penal por delito cometido contra los bienes que estén bajo su guarda
C. El Juez o Magistrado por delito cometido contra su hermano
D. Todos ellos podrán
A. El Juez de instrucción competente
B. El Ministerio Fiscal
C. Los Jefes de las Unidades orgánicas de Policía Judicial, centrales o de ámbito provincial, y sus mandos superiores
D. Todos ellos podrán hacerlo
A. El Juez de instrucción competente
B. El Ministerio Fiscal
C. Los Jefes de las Unidades orgánicas de Policía Judicial, centrales o de ámbito provincial, y sus mandos superiores
D. El Juez o Tribunal encargado del enjuiciamiento
A. El Letrado de la Administración de Justicia del juzgado de instrucción que acordó dicha autorización
B. El juzgado Decano
C. El Juez de instrucción
D. El Ministerio Fiscal
A. Darán cuenta inmediata al Ministerio Fiscal sobre las autorizaciones que hubiesen otorgado y, si existiese procedimiento judicial abierto, al Juez de Instrucción competente
B. Darán cuenta en menos de 48 horas al Ministerio Fiscal sobre las autorizaciones que hubiesen otorgado y, si existiese procedimiento judicial abierto, al Juez de Instrucción competente
C. Darán cuenta inmediata al Juez de Instrucción competente
D. Darán cuenta en menos de 48 horas al Juez de Instrucción competente
A. El Juez de instrucción
B. El Ministerio Fiscal
C. Los jefes de las unidades orgánicas de Policía Judicial
D. Todos ellos podrán autorizarlo
A. Públicos, bajo pena de nulidad
B. Públicos, en todo caso
C. A puerta cerrada, salvo cuando se acuerde su publicidad
D. Públicos o secretos, según lo dispuesto por el Presidente.
A. De oficio o a instancia de cualquiera de las partes, previa audiencia a las mismas
B. A instancia de cualquiera de las partes, previa audiencia al resto
C. De oficio o a instancia de cualquiera de las partes, sin audiencia de las mismas
D. A instancia de cualquiera de las partes, sin audiencia al resto
A. Cuando así lo exijan razones de seguridad u orden público
B. Cuando así lo exija la adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes
C. Cuando resulte necesario para evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso
D. Todas son correctas
A. Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección
B. Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares
C. Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de víctimas menores de edad o víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta
D. Puede acordar todo ello
A. En ningún caso
B. Cuando así lo exijan razones de seguridad u orden público
C. Cuando así lo exija el derecho a la intimidad de la víctima
D. En cualquier caso que el Tribunal lo considere conveniente
A. El artículo 148
B. El artículo 125
C. El artículo 140
D. El artículo 99
A. Delitos contra las personas
B. Delitos contra la salud pública
C. Ambas son correctas
D. Ninguna es correcta
A. Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos
B. Delitos contra el honor
C. Ambas son correctas
D. Ninguna es correcta
A. Delitos contra la libertad
B. Delitos contra el patrimonio
C. Ambas son correctas
D. Ninguna es correcta
A. De prevaricación
B. De los fraudes y exacciones ilegales
C. De las amenazas
D. Del allanamiento de morada
A. Ley Orgánica 2/2004, de 29 de diciembre
B. Ley Orgánica 5/2004, de 31 de diciembre
C. Ley Orgánica 9/2003, de 30 de diciembre
D. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre
A. En la capital del partido judicial
B. En la capital de la Comunidad Autónoma
C. En la capital de la provincia
D. En todos los municipios habrá uno
A. El Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y en su caso, con informe de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia
B. El Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Gobierno o de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia
C. Ninguna es cierta, únicamente las Cortes Generales mediante ley
D. El Ministro de Justicia, a propuesta del Consejo de Ministros
A. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las Salas de Gobierno
B. El Ministro de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial
C. El Presidente del Gobierno, previo informe del Ministro de Justicia
D. La Ley Orgánica del Poder Judicial no permite acordarlo
A. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción conocerá de los mismos
B. Habrá de crearse obligatoriamente un Juzgado de Violencia sobre la Mujer que conozca de los mismos
C. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la capital de provincia conocerá de los mismos
D. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de uno de los partidos judiciales limítrofes conocerá de los mismos
A. La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero
B. La Ley 7/1999, de 15 de enero
C. La Ley Orgánica 4/2007, de 7 de mayo
D. La Ley 4/1998, de 3 de abril
A. Mayor de 12 y menor de 16 años
B. Mayor de 12 y menor de 18 años
C. Mayor de 14 y menor de 18 años
D. Mayor de 14 y menor de 21 años
A. Al Juez de Menores del lugar donde se haya cometido el hecho delictivo
B. Al Juez de Menores del domicilio de la victima
C. Al Juez de Menores del domicilio del responsable de los hechos
D. Al Juez de Menores del domicilio de la victima o del responsable de los hechos, a elección de la victima
A. Se le exigirá responsabilidad penal de acuerdo con la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor
B. Se le aplicará lo dispuesto en las normas de protección del menor establecidas en el código civil y demás disposiciones vigentes
C. No se le exigirá ningún tipo de responsabilidad
D. El Defensor del Menor será el que esté legitimado para interponer las medidas correspondientes respecto al menor
A. Ningún tipo de responsabilidad con arreglo a dicha Ley
B. Únicamente la responsabilidad civil que se derive del hecho punible
C. La responsabilidad penal y civil que se derive del hecho punible
D. La responsabilidad penal, pero que sólo le será exigible cuando alcance la mayoría de edad
A. Apelación
B. Queja
C. Casación
D. Suplica
A. Recurso de reforma
B. Recurso de apelación
C. Recurso de queja
D. Recurso de suplica
A. Contra todos los autos del Juez de Instrucción
B. Contra todos los autos del Juez de Instrucción, salvo que quepa contra ellos recurso de apelación
C. Contra los autos del Juez de Instrucción en que la ley así lo establezca
D. Contra todos los autos del Juez de Instrucción, Juez de lo Penal o Audiencia Provincial
A. Recurso de apelación
B. Recurso de reposición
C. Recurso de revisión
D. Ninguna es correcta
A. Podrá interponerse únicamente en los casos determinados en la Ley, y se admitirá en ambos efectos tan sólo cuando la misma lo disponga expresamente
B. Podrá interponerse en todos los casos en que la ley no disponga lo contrario, y se admitirá en ambos efectos tan sólo cuando la misma lo disponga expresamente
C. Podrá interponerse únicamente en los casos determinados en la Ley, y se admitirá en ambos efectos salvo que la ley disponga expresamente lo contrario
D. Podrá interponerse en todos los casos en que la ley no disponga lo contrario, y se admitirá en ambos efectos salvo que la ley disponga expresamente lo contrario
A. El Libro II
B. El Libro V
C. El Libro VI
D. El Libro VII
A. En los autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de los incidentes
B. En las sentencias que pongan término a la causa
C. En los decretos, autos o sentencias que pongan término a la causa
D. En los decretos, autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de los incidentes
A. Declarar las costas de oficio.
B. Condenar al pago de las costas a los procesados, señalando la parte proporcional de que cada uno de ellos deba responder, si fuesen varios
C. Condenar al pago de las costas al querellante particular o actor civil
D. Ninguna es correcta
A. No se impondrán nunca las costas a los procesados que fueren absueltos
B. El querellante particular o actor civil serán condenados al pago de las costas cuando resultare de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe
C. Cuando se declaren de oficio las costas no habrá lugar al pago de cantidades por el reintegro del papel sellado empleado en la causa ni por el pago de los derechos de arancel
D. Todas son correctas
A. No se le impondrán nunca costas
B. Se le podrán imponer las costas cuando el caso presentara serias dudas de hecho o de derecho
C. Se le podrán imponer únicamente una tercera parte de las costas causadas a su instancia
D. Se le podrán imponer únicamente una cuarta parte de las costas causadas a su instancia
A. Las personas que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil
B. Los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela
C. Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos cuando la Ley así lo declare expresamente
D. Todas son correctas
A. No, en ningún caso
B. Sólo para recursos contra vía de hecho de la administración
C. Si, cuando la Ley lo declare así expresamente
D. Si, en todo caso
A. Sí, siempre que estén asistidos por la persona que ejerza la patria potestad
B. Sí, con la asistencia de un defensor judicial, en su caso
C. Sí, con la asistencia de un curador, en su caso
D. Sí, sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad
A. No está legitimada para impugnar sus propios actos
B. Está legitimada para impugnar sus propios actos ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo previa su declaración de lesividad para el interés público
C. Está legitimada para impugnar sus propios actos ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo ejercitando al mismo tiempo la declaración de lesividad para el interés público
D. Está legitimada para impugnar sus propios actos ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo sin necesidad de declaración de lesividad para el interés público
A. Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan, sin estatuto específico de autonomía
B. La Administración autora del acto impugnado, previa declaración de lesividad para el interés público
C. Órganos de la Administración cuyo acto se haya impugnado, sin necesidad de que una ley lo autorice expresamente
D. Particulares que obren por delegación o mandatarios de la Administración
A. Una vez formulados los escritos de demanda y contestación
B. Una vez formulado el escrito de demanda
C. Una vez presentado el escrito de recurso
D. En la sentencia
A. El Secretario Judicial
B. El Tribunal
C. El demandante, en todo caso
D. El demandado
A. En los escritos de demanda y contestación las partes podrán exponer, por medio de otrosí, su parecer al respecto
B. Cuando las partes no expusieren su parecer sobre el asunto en la demanda y la contestación, el Juez requerirá al demandante para que fije la cuantía, concediéndole al efecto un plazo no superior a diez días
C. Si por no haber expuesto las partes su parecer sobre la cuantía en la demanda y contestación, el demandante fuera requerido para fijar la cuantía, transcurrido el plazo dado sin haberlo realizado se estará a la que fije el Secretario judicial, previa audiencia del demandado
D. No hay ninguna respuesta incorrecta
A. No superior a diez días
B. No superior a quince días
C. No superior a siete días
D. No superior a cinco días
A. Se estará a la que fije el Secretario Judicial, previa audiencia del demandado
B. Se fijará por el Juez en sentencia
C. Se estará a la que fije el Secretario Judicial, sin más trámites
D. Se fijará por el Juez a continuación
A. En cualquier momento procesal, previa audiencia de las partes por plazo común de cinco días, acordar la acumulación
B. Antes de la contestación a la demanda, previa audiencia de las partes por plazo común de cinco días, acordar la acumulación
C. En cualquier momento procesal, previa audiencia de las partes por plazo común de diez días, acordar la acumulación
D. Antes de la contestación a la demanda, previa audiencia de las partes por plazo común de diez días, acordar la acumulación
A. De oficio
B. A instancia de alguna de las partes
C. De oficio o a instancia de alguna de las partes
D. Ninguna es correcta
A. Tramitar uno o varios de ellos con carácter preferente previa audiencia de las partes por plazo común de cinco días, suspendiendo el curso de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros
B. Tramitar uno de ellos con carácter preferente previa audiencia de las partes por plazo común de cinco días, suspendiendo el curso de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros
C. Tramitar uno o varios de ellos con carácter preferente previa audiencia de las partes por plazo común de quince días, suspendiendo el curso de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros
D. Tramitar uno de ellos con carácter preferente previa audiencia de las partes por plazo común de quince días, suspendiendo el curso de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros
A. El Secretario judicial llevará testimonio de la sentencia a los recursos suspendidos y la notificará a los recurrentes afectados por la suspensión a fin de que en el plazo de cinco días puedan interesar la extensión de sus efectos, la continuación del procedimiento o bien desistir del recurso
B. El Secretario judicial llevará testimonio de la sentencia a los recursos suspendidos y la notificará a los recurrentes afectados por la suspensión a fin de que en el plazo de cinco días puedan interesar la extensión de sus efectos o bien desistir del recurso
C. El Secretario judicial llevará testimonio de la sentencia a los recursos suspendidos y la notificará a los recurrentes afectados por la suspensión a fin de que en el plazo de cinco días puedan interesar la extensión de sus efectos o bien la continuación del procedimiento
D. Ninguna es correcta
A. La Administración deberá comunicar al Tribunal, al remitirle el expediente administrativo, si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación previstos en la ley
B. El Secretario judicial pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal los procesos que se tramiten en la Oficina judicial en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación previstos en la ley
C. Ambas son correctas
D. Ninguna es correcta
A. Ley Orgánica 24/11, de 8 de julio
B. Ley 36/11, de 10 de octubre
C. Ley 1/2003, de 4 de julio
D. Ley 36/10, de 10 de noviembre
A. De las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en su vertiente individual como colectiva
B. De las pretensiones sobre materias laborales y de Seguridad Social
C. De las actuaciones de las Administraciones públicas realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones sobre materias laborales y de Seguridad Social
D. Conocerán de todo ello
A. De las cuestiones litigiosas que se promuevan entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposición
B. De las cuestiones litigiosas que se promuevan entre las sociedades laborales o las cooperativas de trabajo asociado, y sus socios trabajadores por la prestación de sus servicios
C. De las cuestiones litigiosas que se promuevan sobre tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de la discriminación y el acoso, contra el empresario o terceros vinculados
D. Conocerán de todo ello
A. De las cuestiones litigiosas que se promuevan en procesos de conflictos colectivos
B. De las cuestiones que se promuevan en relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente.
C. De la impugnación directa de disposiciones generales de rango inferior a la ley y decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación en las materias laborales, sindicales o de Seguridad Social
D. Conocerán de todo ello
A. De las cuestiones litigiosas que se promuevan para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente
B. De las cuestiones litigiosas que se promuevan sobre impugnación de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que sea su eficacia
C. De las cuestiones litigiosas que se promuevan en procesos sobre materia electoral, incluidas las elecciones a órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones públicas.
D. Conocerán de todo ello
A. Apelación
B. Reposición
C. Casación
D. Casación para unificación de doctrina
A. Para que en el plazo de cuatro días subsane el defecto, eligiendo la acción que pretende mantener. En caso de que no lo hiciera, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones, dará cuenta al tribunal para que éste, en su caso, acuerde el archivo de la demanda
B. Para que en el plazo de cuatro días subsane el defecto, eligiendo la acción que pretende mantener. En caso de que no lo hiciera, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones, acordará el archivo de la demanda
C. Para que en el plazo de cinco días subsane el defecto, eligiendo la acción que pretende mantener. En caso de que no lo hiciera, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones, dará cuenta al tribunal para que éste, en su caso, acuerde el archivo de la demanda
D. Para que en el plazo de cinco días subsane el defecto, eligiendo la acción que pretende mantener. En caso de que no lo hiciera, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones, acordará el archivo de la demanda
A. Se seguirá la tramitación del juicio por la primera de las pretensiones ejercitada en el suplico de la demanda, sea cual sea el tipo de acción ejercitada
B. Se seguirá la tramitación del juicio por el que opte el actor, tras darle traslado para ello por cinco días
C. Se seguirá la tramitación del juicio por el que opte el actor, tras darle traslado para ello por tres días
D. Se seguirá en todo caso por la de despido si se hubiese hecho uso de ella
A. Si en el mismo juzgado o tribunal se tramitaran varias demandas contra un mismo demandado, aunque los actores sean distintos, y se ejercitasen en ellas acciones idénticas o susceptibles de haber sido acumuladas en una misma demanda, se acordará, de oficio o a instancia de parte, la acumulación de los procesos
B. Si ante dos o más juzgados de lo social de distinta circunscripción se tramitaran varias demandas contra un mismo demandado, aunque los actores sean distintos, y se ejercitasen en ellas acciones idénticas o susceptibles de haber sido acumuladas en una misma demanda, se acordará, de oficio o a instancia de parte, la acumulación de los procesos
C. Ambas son correctas
D. Ninguna es correcta
A. La acumulación de acciones y procesos deberá formularse y acordarse antes de la celebración de los actos de conciliación, en su caso, y de juicio, salvo que se proponga por vía de reconvención
B. La acumulación de acciones y procesos deberá formularse antes de la celebración de los actos de conciliación, en su caso, y de juicio, salvo que se proponga por vía de reconvención y se acordará en sentencia
C. La acumulación de acciones y procesos deberá formularse y acordarse al inicio de la celebración de los actos de conciliación, en su caso, y de juicio
D. Ninguna es correcta
A. Cualquier deudor que sea persona natural o jurídica
B. Cualquier deudor que sea persona natural
C. Cualquier deudor que sea persona jurídica
D. Cualquier deudor que sea persona natural, jurídica o entidad que integre la administración territorial del Estado
A. La herencia no aceptada pura y simplemente
B. Una entidad que integre la organización territorial del Estado
C. Un organismo público
D. Ninguna es correcta
A. En que se encuentra en estado de insolvencia
B. En la existencia de una previa declaración judicial o administrativa de insolvencia, siempre que sea firme
C. En La existencia de embargos por ejecuciones en curso que afecten de una manera general a su patrimonio
D. Todas son correctas
A. Cuando no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles
B. Cuando tenga créditos que superen la mitad del capital con que cuente
C. Cuando se prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones
D. Ninguna es correcta
A. La existencia de una previa declaración judicial o administrativa de insolvencia del deudor, siempre que sea firme
B. El sobreseimiento generalizado en el pago corriente de las obligaciones del deudor
C. El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor
D. Todas son correctas

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